SANTO DOMINGO.- La Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa) demandó este lunes una actuación responsable e inmediata del Gobierno para ponerle fin al conflicto entre los prestadores de servicios de salud y las Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS), ya que los afiliados son los grandes perjudicados en este proceso.
Vanessa Rodríguez, miembro del comité organizador de Adesa, aseguró que esta lucha “afecta directamente a cerca de 4 millones 800 mil personas, equivalente al 42 % de toda la población dominicana que paga un seguro de salud en el régimen contributivo, y a quienes se les está suspendiendo los servicios a los que tienen derecho”.
La institución deploró que el Gobierno se declare “mediador” en este conflicto cuando, de acuerdo con la ley, “es el árbitro y garante de los derechos de los afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS)”.
Rodríguez explicó que la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, establece en su artículo 3, “que las funciones de conducción, financiamiento, planificación, captación y asignación de recursos del SDSS son exclusivas del Estado y se ejercerán con autonomía institucional, respecto a las actividades de administración de riesgos y prestaciones de servicios”.
“Queremos que el Gobierno tome su rol de no ser un simple intermediario, que tome una postura clara frente a este conflicto, donde la población que consume estos servicios es la más perjudicada”, enfatizó.
Asimismo, indicó que independientemente de lo justo que sea el reclamo que hacen los galenos y dueños de clínicas a las ARS en petición a un incremento de los pagos recibidos, corresponde al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) conocerlo y adoptar una decisión al respecto, la cual debe estar orientada a preservar el derecho de los asegurados.
Señaló que el acápite D, del artículo 22 de la Ley de Seguridad Social, establece que una de las funciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social es “asumir la defensa de los afiliados en representación del Estado Dominicano”.
“Es hora de que el Consejo actúe en consecuencia y evite la prolongación de un conflicto de intereses en el que el pueblo lleva la de perder”, agregó Rodríguez.
La vocera de Adesa dijo que “la ocasión es propicia para reclamar que el Gobierno priorice una reforma sustancial del Sistema de Seguridad Social en la que se le ponga límite al negocio de la salud, reduciendo los copagos, ampliando la cartera de servicios de los seguros, garantizando a la población asegurada servicios eficientes, de calidad y oportunos”.
Rodríguez precisó que “el conflicto entre prestadores de servicios de salud desvía la atención de la sociedad sobre un tema esencial: la necesidad de transformación del Sistema de Salud y de Seguridad Social. Por eso urge la solución de ese conflicto al tiempo que se retoma el debate sobre la reforma pendiente”.
“Es una lucha que tiene su justeza, es una lucha clara de este gremio, pero nosotros entendemos que también el Estado debe garantizar el derecho a la salud, como lo establece la ley”, recalcó la miembro de Adesa.
“Esa reforma es reclamada por distintos sectores de la sociedad, pero no avanza ni en el Congreso Nacional ni en el Consejo de la Seguridad Social. Es hora de que el Gobierno Central formule e impulse un proyecto de reforma que satisfaga las aspiraciones de la población asegurada. ¿Qué impide que el Poder Ejecutivo tome la iniciativa al respecto, como lo ha hecho en otros asuntos de interés nacional?”, fue su reflexión final.