Santo Domingo. El precandidato a la senaduría de la Fuerza del Pueblo (FP) en el Distrito Nacional, César Alcántara, manifestó “que el Proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico de Migrantes”, sometido por el presidente Luis Abinader, “se trata de una imposición por la fuerza, cuyo objetivo principal es iniciar el proceso de disolución de la nación dominicana”.
Ante la presencia de decenas de adeptos, Alcántara advirtió que el mismo “busca imponer a los dominicanos una carga económica obligatoria, la cual iría desde 150 hasta los 178 mil pesos, sin tomar en cuenta los niveles de ingresos, es decir que estamos sometidos y condenados a trabajar para mantener la población ilegal haitiana, a los fines de resolver el problema que representa Haití para los países ricos”.
En ese sentido, le recomendó al presidente Luis Abinader lo siguiente:
“Señor presidente, dígales a quienes le remitieron ese documento que, si bien es cierto que usted y su gobierno han sido derrotados con su política migratoria, usted fue electo por un pueblo pequeño en territorio, pero inmensamente grande en valor patriótico que no se dejará derrotar tan fácilmente y que ha sabido mil veces defender con su sangre lo único que para nosotros tienen valor: la Patria dominicana.”
Manifestó que resulta contradictorio que Luis Abinader prometiera en la campaña electoral resolver el problema de la migración haitiana en un año, y que pese a que ha sido “enfático “en denunciar que la solución a los problemas de Haití no están en República Dominicana y que ha ejecutado el plan de deportaciones de ilegales más intenso en las últimas décadas, unido a la intención de construir un muro, “no es posible que esa misma persona deposite un documento que, de aprobarse significaría la disolución de la nación dominicana”,.
En ese sentido, el jurista refiere que la pieza contempla en su Principio16, “que los migrantes objetos de tráfico ilícito no podrán ser devueltos a su país de origen cuando estos soliciten asilo o cuando sus vidas o libertad personal corran riesgos a causa de su raza, nacionalidad, religión, condición social o por sus opiniones políticas” y de acogernos a dicho texto, debido a la situación de disolución social, pobreza y violencia que afecta el vecino país, más del 95% de la población haitiana califica como refugiada en la República Dominicana, obligando a tener que cargar con los ilegales haitianos, en franca violación a lo establecido en la Ley Migratoria 285-04 y la Constitución”.
Agregó que “el Proyecto de Ley de referencia, de ser aprobado, deroga o modifica, entre otras leyes la Ley 137-03 Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas de 22 de julio de 2003, ley que resulta más que suficiente para perseguir y sancionar la trata y explotación de personas. Pero “insuficiente” para tratar el tráfico de migrantes”.
El miembro de la Dirección Central de FP, alertó que dicho Proyecto en su artículo 2, “protege a víctimas de tráfico ilícito de migrantes menores de edad y (mayores de edad) que tengan discapacidad psíquica o mental preexistente al hecho” de migrar y “por tanto serán beneficiarios de los programas de atención, asistencia, y protección que se establecen en dicha ley u otras afines. Es decir, todo gratis a cargo del Estado dominicano, cuando ni los enfermos mentales dominicanos gozan de tanta protección y cuidado”.
Resaltó que se vende la falsa idea, que el proyecto busca brindar un trato humanitario a las víctimas y endurecer la persecución de esos delitos, pero en vez de agravar las penas para dichos delitos, de manera extraña las reduce considerablemente. En otras palabras, lo que se busca es reducir la nación bajo la presión de fuerzas foráneas que buscan derrotar la Patria de Duarte con el ingreso de haitianos al país.
“Por ejemplo, el Art.58, establece que el tráfico ilícito de migrantes se sancionará con penas de 3 a 6 años de prisión y multa de 3 a 6 salarios mínimos del sector público, mientras la actual Ley 137-03 establece para el mismo delito penas de 10 a 15 años de prisión y multa de 150 a 250 salarios mínimos. Algo inexplicable, a menos que de lo que se trate es incentivar el tráfico ilícito de migrantes desde Haití hacia la República Dominicana”, aseguró, quien preside además la Secretaría de Asuntos Sociales y Estadísticos de FP.
Agregó “que lo mismo sucede con el delito de trata de personas, que el mismo proyecto establece penas de 4 a 10 años de prisión y una multa de 10 a 20 salarios mínimos, para quien cometa dicho delito. Sin embargo, la Ley vigente 137-03 en su Art. 3 establece para el mismo delito penas de 15 a 20 años de prisión y multa de 175 salarios mínimos”.
“El Proyecto de Ley en artículo 81 crea un Fondo Especial para “beneficiar” a los funcionarios encargados de la aplicación de la ley como jueces, fiscales, policías, investigadores, inspectores y agentes de migración, personal de fronteras, seguridad aeroportuaria, personal de salud, inspectores de trabajo, entre otros, con la finalidad de “sensibilizar” y “capacitar” a dichos funcionarios”. “En otras palabras, se crea un sistema de premios, prebendas y recompensas en beneficios de los funcionarios y empleados públicos vinculados al ámbito judicial y migratorio para condicionar sus voluntades”.
“Hay de aquel senador o diputado que, amparado en cualquier excusa, ¡osare levantar la mano para decretar la disolución de República Dominicana. Señores legisladores en honor a tanta sangre derramada por la libertad, soberanía e independencia de la República Dominicana, recomiendo que rechacen pura y simplemente, dicho adefesio contra su país. De no hacerlo, el pueblo sabrá cómo reclamarle” aseguró.