Por Ronny Pérez
SANTO DOMINGO.– Las acciones legales en contra de los empresarios Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, aumentaron a 123, tras la reciente imposición de medidas de coerción por parte de la jueza Fátima Veloz.
Inicialmente se habían registrado 108 querellas y denuncias, pero el número se incrementó a raíz de nuevas víctimas que han decidido sumarse al proceso.
La magistrada impuso una garantía económica de 50 millones de pesos a los hermanos Espaillat, además del impedimento de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.
El caso ha sido calificado como homicidio involuntario y lesiones, relacionado con los hechos ocurridos en el local nocturno que culminaron con 235 víctimas mortales y más de 180 heridos.
El Ministerio Público dispone ahora de un plazo de ocho meses para presentar formal acusación, bajo la jurisdicción del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Entre los querellantes figuran familiares de personas fallecidas durante los incidentes, así como afectados por las supuestas fallas de seguridad y negligencia en las instalaciones del establecimiento.
Varios abogados representantes de las víctimas han solicitado una investigación más profunda, alegando que los acusados actuaron con indiferencia frente a los protocolos de seguridad requeridos para espectáculos masivos.
La defensa de los Espaillat ha manifestado que sus representados están colaborando con las autoridades y que confían en que podrán demostrar su inocencia durante el proceso judicial.
