SANTO DOMINGO (EFE).- El borrador del primer capítulo para la nueva Constitución en Chile fue votado y despachado este martes por la Comisión de Expertos, espacio que esta semana definirá la totalidad del anteproyecto que en junio próximo deberá entregar al Consejo Constitucional a cargo de la elaboración definitiva de la ley fundamental de país suramericano.
Entre los artículos aprobados durante esta jornada destaca la definición de Chile como «un Estado social democrático de derecho», inciso que fue visado por unanimidad por parte de los comisionados.
Fue aprobado además el artículo 5 inciso 2 del anteproyecto formulado por los expertos, que consigna que «la ley asegurará el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos y promoverá su participación en condiciones de igualdad», norma que contó con los votos en contra de dos miembros del ultraderechista Partido Republicano.
De esta forma inicia la recta final de los tres meses que tuvo el órgano experto para redactar un borrador de carta fundamental y entregárselo al Consejo Constitucional, integrado por 50 consejeros elegidos el 7 de mayo en las urnas y con un plazo de hasta 5 meses para hacerle modificaciones y elaborar una propuesta final.
Las elecciones constituyentes dejaron el control del Consejo a manos del ultraderechista Partido Republicano, partidario de mantener la actual Constitución chilena y defensor del modelo neoliberal instalado en la dictadura (1973-1990): ocuparán 23 de los 51 escaños.
Los consejeros electos tendrán cinco meses para revisar y enmendar la propuesta de nueva Constitución, que se someterá a plebiscito el 17 de diciembre.
A la fecha, Chile suma más de dos años inmerso en un proceso constituyente que cristalizó a nivel institucional luego de las masivas protestas de fines de 2019, las más graves desde el fin de la dictadura y que dejaron una treintena de muertos, cientos de mutilados oculares y miles de heridos, además de señalamientos por parte de organismos internacionales a las fuerzas de seguridad por violaciones generalizadas contra los derechos humanos.