SANTO DOMINGO.- El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, consideró este martes que la libertad de expresión es un pilar de toda democracia, y que la iniciativa de ley sobre Libertad de Expresión y Medios audiovisuales del Poder Ejecutivo, presenta avances, pero requiere mejoras sin lugar a dudas.
Ulloa, afirmó que la Constitución es clara en su artículo 49, el cual garantiza la libertad de expresión. Asimismo, recordó que el Tribunal Constitucional ha establecido que “toda sanción debe ser legal, necesaria y proporcional”. Por ello, a su entender, el proyecto necesita más Constitución y menos discrecionalidad.
Entre los aspectos positivos, Ulloa destacó que se prohíbe la censura previa, se reconoce el acceso a internet como un derecho, se protege el ejercicio periodístico y se incorpora la perspectiva de niñez.
Sin embargo, explicó que algunos puntos deben corregirse para proteger la libertad y no restringirla.
“El proyecto crea el INACOM, un organismo que regularía medios, contenidos y plataformas, pero estará adscrito al Ministerio de Cultura. ¿Puede un órgano con tanto poder funcionar sin control político real? Regulación sin independencia no es garantía, es riesgo”, cuestionó Ulloa.
En ese sentido, informó que el artículo 65 permite suspender transmisiones por hasta 90 días y multar con hasta 200 salarios mínimos por “infracciones graves”; el problema es que no se define qué constituye una infracción grave. “Ambigüedad más discrecionalidad es igual a puerta abierta a la censura”, advirtió.
Otro de los aspectos negativos que resaltó Ulloa es que se exige que las plataformas con más del 10 % de usuarios dominicanos tengan representación legal local. Señaló que aunque la intención es fomentar la responsabilidad, el riesgo es el exceso regulatorio o la presión sobre voces digitales. “En libertad, no todo lo legal es legítimo”, enfatizó.
Asimismo, el Defensor del Pueblo destacó que un gran ausente del proyecto es la falta de reglas claras para el uso de la publicidad estatal. “Sin criterios objetivos, el presupuesto puede convertirse en premio o castigo. Eso es censura indirecta, y debe quedar prohibida por ley”, afirmó.
Sugirió que una ley como esta no puede ser construida sin la participación ciudadana. “Ni periodistas, ni medios, ni gremios fueron consultados de forma amplia. La participación es parte del derecho. Sin debate público, no hay legitimidad democrática”, indicó.
“Sí, debemos actualizar el marco legal del país. Sí, debemos proteger la infancia y promover la responsabilidad digital. Pero también debemos evitar toda tentación de control o silenciamiento. Una democracia fuerte no le teme a la crítica: la escucha”.
Advirtió que la República Dominicana merece una ley que modernice sin restringir, que eduque sin castigar y que defienda sin imponer. “El momento exige liderazgo con visión, firmeza democrática y sentido institucional. La libertad de expresión no se negocia: se garantiza”.
