SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), advirtió que el 30 de junio próximo, solicitará la suspensión de recursos provenientes del presupuesto a las instituciones que a pesar de la formación y seguimiento ofrecido han probado incapacidad para respetar el derecho del ciudadano a la información, fuente principal de la política de Transparencia que está construyendo el gobierno dominicano, política de la cual la DIGEIG es responsable.
Las medidas se toman siguiendo el ejemplo de la Presidencia de la República que, para exigir el cumplimiento de la Declaración Jurada de Patrimonio que establece el Decreto NO. 343-22, y que, además, ha instruido a la Contraloría General de la República de no incluir en la nómina pública a los funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo obligados a la presentación de la Declaración Jurada, hasta tanto no depositen una copia en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
La DIGEIG hizo público el índice de Transparencia de evaluación de 226 instituciones públicas del año 2022, l74 superaron el ranking de 85 puntos en cumplimiento a las informaciones mínimas establecidas por la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y los criterios que establece la Resolución No. 002-2021 de la DIGEIG.
El índice de resultados está colgado en el Portal de la DIGEIG (evaluaciones trimestral) y remitido a los medios de comunicación, al Colegio Dominicano de Periodistas, a la Asociación Dominicana de Diarios, a la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA) y a otros organismos internacionales comprometidos con el “Derecho a Saber” y los Datos Abiertos.
Es notable que entre las 174 instituciones que superaron el índice, 153 alcanzan hasta el 90% de cumplimiento, dejando atrás las estadísticas anteriores.
A pesar, de que al analizar el trimestre octubre-diciembre, último del 2022, en 52 entidades públicas fuera del índice de 85 puntos se aprecia el crecimiento de 20 ubicadas en el índice de 79.9 al 80. y 11 ubicadas desde el 79.9 al 69.9.
Para la dirección de Ética, el cumplimiento de la Ley no puede seguir dependiendo de la decisión particular de una institución o un incumbente, por lo que continuando con los cursos de formación a los Responsables de Acceso a la Información Pública (RAI), y el acompañamiento de la Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto, decidimos para el segundo trimestre de este año aplicar las sanciones administrativas que establece esta ley por incumplimiento.