SANTO DOMINGO.- – La Federación Nacional de Abastecedores a Buques (FENABUQUES) advirtió que las empresas dedicadas al avituallamiento y retiro de residuos sólidos y oleosos de los buques que arriban a República Dominicana podrían desaparecer debido a la distorsión en la aplicación de la Ley 5-23 de Comercio Marítimo.
Guillermo de la Rosa, presidente de FENABUQUES, explicó que 47 micro, pequeñas y medianas empresas que operan en el sector enfrentan una crisis provocada por el cobro de tarifas indebidas y otros obstáculos que ponen en riesgo su viabilidad. De la Rosa señaló que se ha impuesto un cobro de entre 75 y 100 dólares por cada trabajo que realicen estas mipymes, en concepto de acceso a los puertos, lo que viola las normativas vigentes. Además, mencionó que se están aplicando impuestos derogados y se ha prohibido la subcontratación de servicios, dificultando aún más la operación de las empresas.
“En el sector se ha puesto en marcha un plan para obstaculizar el trabajo de los ‘chichandler’, que incluye retrasos en la aprobación de trámites y el cobro de un peaje injustificado”, denunció De la Rosa. Además, expresó su preocupación por la exclusión de la Asociación Dominicana de Suplidores a Buques (ASODOBUQUES) en la elaboración del reglamento de aplicación de la ley, a pesar de que dicha normativa regulará los trabajos que realizan estas empresas.
El presidente de FENABUQUES solicitó a la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), encabezada por Jean Luis Rodríguez, que convoque a un diálogo urgente entre las partes para resolver los problemas que afectan al sector. De la Rosa recordó que las empresas están debidamente constituidas, pagan sus impuestos y licencias correspondientes, y cumplen con todas las normativas nacionales e internacionales.
Si no se atienden los reclamos, advirtió que la quiebra de estas empresas podría llevar a un descontrol en la gestión de los residuos oleosos, lo que pondría en peligro el medio ambiente y expondría al país a sanciones internacionales por incumplimiento de acuerdos, como el Convenio MARPOL, que regula la prevención de la contaminación en los mares.
Las mipymes afectadas piden soluciones inmediatas para evitar el colapso de un sector clave en la actividad marítima del país.
