SANTO DOMINGO.-Josefina Pimentel, la exministra de Educación, desmintió este lunes las declaraciones de Víctor Castro, el actual director del Instituto de Bienestar Estudiantil (Inabie), quien dijo que sabe que se incineraría un lote de útiles escolares valorados en 100 millones de pesos adjudicados durante su gestión.
La educadora y actual secretaria de Educación del partido Fuerza del Pueblo aclaró que no es responsabilidad de su gestión lo mencionado por Castro y cuestionó la veracidad de la información difundida.
Pimentel explicó que, tras el análisis de dichos insumos, la institución decidió descartar al proveedor debido a que los productos entregados no cumplían con los estándares de calidad ni con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de compras. La exministra subrayó que el monto total de la licitación fue de unos 40 millones de pesos, una cifra muy inferior a los 100 millones mencionados por el actual director de Inabie. Además, aclaró que la coordinación de este proceso fue responsabilidad del entonces director de Inabie, René Jaquez.
La técnica educativa detalló que los insumos fueron recibidos de manera provisional y sometidos a rigurosas evaluaciones técnicas que determinaron su incumplimiento con los requisitos establecidos en el pliego de compras. «Durante nuestra gestión, no aceptamos esos insumos de manera definitiva», afirmó la exfuncionaria, aclarando que cualquier acción posterior a su salida del ministerio, incluyendo posibles pagos adicionales, es ajena a su conocimiento.
Críticas a la fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior.
Al ser consultada sobre su parecer a la reciente propuesta de unificar el Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Pimentel expresó que la posible fusión de estas dos importantes carteras representa un desafío para el sistema educativo del país.
Subrayó que el sector educativo ya está inmerso en un proceso complejo de reformas, como la actualización de la Ley General de Educación 66-97, la cual lleva más de 27 años vigente. Esta ley, originalmente concebida en el contexto del Plan Decenal de Educación, requiere adaptaciones en torno al modelo de hoy.
La exministra también destacó que, en paralelo, se está discutiendo en el Congreso una ley referente a un marco nacional de cualificación. Esta ley busca alinear todos los niveles educativos, desde la educación preuniversitaria hasta la educación superior y técnica, para asegurar una transición fluida y sin trabas en el sistema educativo dominicano. «No hemos culminado todavía el tránsito por esos indicadores y metas, y la propuesta de fusión podría complicar aún más la implementación de estas reformas esenciales», señaló Pimentel.
Asimismo, expresó su preocupación por la estructura organizativa que resultaría de la fusión, mencionando la incertidumbre que genera la introducción de una «presidenta de gabinete de educación» cuando ya existe un Consejo Nacional de Educación y un ministro a cargo y recordó la importancia de mantener una clara delineación de roles y responsabilidades dentro del sector educativo para evitar confusiones y garantizar la efectividad en la gestión.
«Esta fusión podría afectar la autonomía y la especialización que cada ministerio aporta al desarrollo del sistema educativo nacional», advirtió Pimentel, insistiendo en que cualquier cambio estructural debe ser cuidadosamente evaluado para no comprometer los avances alcanzados en la educación dominicana.