LIMA, Perú (EFE).- La Fiscalía de la Nación (general) de Perú presentó este lunes una denuncia constitucional en el Parlamento contra la exdiputada y ex primera ministra Betssy Chávez, la última jefa de gabinete del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), por presuntamente contratar a allegados para cargos públicos.
«La Fiscalía de la Nación presentó denuncia constitucional contra Betssy Chávez Chino -en su condición de ministra y congresista- como presunta autora de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado», informó el Ministerio Público en su cuenta oficial de Twitter.
Puntualizó que «los hechos se refieren a la presunta contratación irregular de personal en las referidas instituciones».
Ahora, esta denuncia constitucional pasará a manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, que realizará las investigaciones correspondientes para emitir un informe final que luego será elevado a la Comisión Permanente y, en caso de prosperar, se someterá a debate y votación en el pleno.
Por este caso, la Fiscalía ya abrió una investigación contra Chávez en noviembre del año pasado, luego de que el programa Cuarto Poder denunciar que había contratado en varias entidades estatales a los familiares del empresario Abel Sotelo, con quien supuestamente tiene relación personal.
El padre del empresario, Antonio Sotelo, fue nombrado como representante del Ministerio de Trabajo ante el Consejo Nacional del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati) en enero pasado, cuando Chávez estaba al frente de ese ministerio.
Posteriormente, Antonio Sotelo fue designado como jefe del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) en una sureña región del país, a pesar de tener denuncias por supuestos vínculos con mafias del tráfico de terrenos, siempre según Cuarto Poder.
Igualmente, el hermano de Sotelo, Marco Antonio Sotelo, fue contratado durante cinco meses como asistente en el despacho de la ministra, a pesar de que presuntamente no cumple con los requisitos formales para el puesto.
Antes de asumir la jefatura del Consejo de Ministros, entre noviembre y diciembre de 2022, Chávez, de 33 años, ejerció como ministra de Cultura y de Trabajo en el Gobierno de Castillo, un cargo por el que fue censurada por el Congreso.
En simultáneo, Chávez también era congresista hasta marzo pasado, cuando el pleno del Legislativo aprobó suspenderla de sus labores parlamentarias y acusarla constitucionalmente por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración por su supuesta participación en el fallido autogolpe que dio Castillo el 7 de diciembre pasado.