SANTIAGO.- La Fiscalía de Santiago solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente que imponga la prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de un exempleado del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), imputado del robo de más de 2 millones 900 mil pesos, mediante el consumo de combustibles, haciendo uso de una tarjeta electrónica que se le suministraba para realizar labores de la institución.
Los hechos que se le atribuyen al imputado Frédely Rafael Almonte Abreu, narrados en la instancia de solicitud de medida, indican que le fue suministrada una tarjeta de combustible en su calidad de soporte y asistente técnico de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) del Inaipi, para realizar traslados a diferentes centros del Cibao, y para lo cual hacía uso de la tarjeta de combustible que tenía un balance mensual de $3,600 pesos.
El empleado, a fin de sustraer los fondos suministrados para la realización de sus labores, dejaba en poder de un operador de la estación de combustibles la tarjeta de consumo, para que este la pasara a lo largo del día y le entregara el efectivo.
Además, se presentaba a la estación de combustibles con diferentes personas a los cuales abastecía de combustibles haciendo uso de la tarjeta.
La Fiscalía tiene en su poder los informes que evidencian que el imputado se presentaba a la estación de combustible a bordo de un vehículo marca Chevrolet, modelo Equinox, que no pertenece a la flotilla vehicular del Inaipi para consumir el combustible y con cuyas maniobras sustrajo un monto de dos millones novecientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta y nueve pesos con noventa y cinco centavos ($2,966,259.95).
El Departamento de Investigaciones de Crímenes de Alta Tecnología (Dicat), de la Policía Nacional, realizó el levantamiento de imágenes de las cámaras de seguridad de la estación de combustibles en donde se observa al imputado en sus diligencias fraudulentas.
Contra Almonte Abreu este órgano investigador presenta cargos por violación prevista y sancionada en los artículos 379, 386- 3, del Código Penal Dominicano y el artículo 13 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que castiga el robo agravado con uso de alta tecnología, en perjuicio del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).