SANTO DOMINGO.-Según el expediente acusatorio depositado por el Ministerio Público contra los imputados en la supuesta red criminal integrada por agentes de la Policía Nacional, acusados de sustraer más de 900,000 proyectiles de la uniformada, estos manipularon los registros y controles de almacenes de la entidad para evitar que las autoridades detectaran el acto delictivo.
El documento del caso, además, subraya que los encartados desarrollaron un «mercado propio del crimen organizado» conformado por miembros de la institución y civiles con antecedentes delictivos, quienes adquirían las municiones sustraídas para revenderlas a precios más altos a policías, militares, civiles y armerías, destinadas al comercio de armas, municiones y accesorios.
Precisa que los imputados alteraron las armas de fogueo a las que le cambiaban el cañón para poder dispara municiones de armas de fuego normales.
Entre los imputados en el caso se encuentran el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de armas y municiones; el subintendente Juan Miguel Pérez Soler; el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien alteró los resultados de una auditoría realizada en febrero; y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio y la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L, vinculada a este último.
También figuran en esta lista el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, así como la imputada Miguelina Bello Segura, quienes fungían como piezas clave en la parte operativa de la organización criminal.
El Ministerio Público destacó que el capitán Santos, con más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas, fue clave en la manipulación de la auditoría de febrero y se asoció con los líderes de la red criminal para alterar nuevamente los números, lo cual fue detectado por los investigadores.