SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público reafirmó este lunes ante un tribunal la solidez del expediente contra el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre y otros oficiales militares y policiales, al incorporar más de 300 pruebas documentales y periciales que respaldan el informe que arrojó el enriquecimiento ilícito de los procesados con un incremento patrimonial injustificado.
Las pruebas fueron utilizadas como base técnica para la elaboración del informe financiero realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el cual ya fue admitido por el tribunal y expone cómo los imputados acumularon bienes que no han podido justificar con sus ingresos lícitos.
Durante la audiencia, el órgano acusador presentó como testigo a la exencargada del Departamento de Auditoría del Inacif, quien detalló que las más de 300 pruebas incorporadas, incluyendo certificaciones de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), la Superintendencia de Bancos y otras instituciones, fueron utilizadas como base técnica para la elaboración del citado informe.
El fiscal litigante Jonathan Pérez, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que estos documentos refuerzan la solidez del expediente acusatorio, al demostrar que los acusados exhibían un crecimiento patrimonial desproporcionado. “Cada prueba contribuye a evidenciar cómo el patrimonio de los acusados creció sin justificación frente a sus ingresos lícitos”, afirmó.
El juicio contra los procesados a partir de las operaciones Coral y Coral 5G fue puesto en receso hasta el próximo jueves 5 de junio, a las 9:00 de la mañana, fecha en la que el Ministerio Público continuará con la reproducción de pruebas ante las juezas Gisselle Méndez, Jissel Naranjo y Tania Yunes, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
El proceso
El entramado de corrupción administrativa, que estafó a los contribuyentes con más de RD$4,500 millones de pesos, fue desmantelado mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
El Ministerio Público señala al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), como el principal cabecilla de la red, integrada por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre los años 2012 y 2020.
La acusación indica que los procesados también sustrajeron fondos de inteligencia del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Entre los procesados figuran los generales Julio Camilo de los Santos Viola y Juan Carlos Torres Robiou (FARD); el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz; Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora) y su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán.
También, están acusados José Manuel Rosario Pirón, Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
