La poca voluntad de resolver los problemas de la gente y la mal aplicación de políticas públicas, ha despertado un deseo de lucha social en América Latina, muchas de ellas se activan por los medios digitales que son de uso común de los ciudadanos y otros de la manera tradicional, aunque algunos movimientos se ven motorizados a actuar no por la espontaneidad de un mal común, sino por financiamientos externos que los utilizan como medio de presión para resolver intereses individuales.
Sin lugar a dudas que el derecho a protestar va sucedido a la libertad de expresión e información consagrada en la constitución en su artículo 49, asegurando la legalidad de la expresión de los ciudadanos a manifestarse ante la inconformidad con los gobiernos de turno. Estas expresiones pueden estar dadas a través de las manifestaciones de manera pacífica, que de cierta forma avalan la garantía del ejercicio del derecho, aunque también está garantizado en la corte interamericana de los Derechos Humanos del año 1969, de San José Costa Rica y que la República Dominicana suscribe.
Es por ello que veo con mucha preocupación cuando desde el gobierno se pretende neutralizar y desacreditar reclamos que de manera justa algunos integrantes de la población lo dejan de manifiesto, tal vez no utilicen la forma correcta, pero es una manera de desahogo ante el desvío de la mirada de las autoridades a sus principales problemas.
En las últimas semanas hemos visto reclamos de empleados del metro de santo domingo, por mejores reivindicaciones y al pago de sus prestaciones laborales. La respuesta que han tenido desde el gobierno ha sido más cancelaciones para evitar que otros puedan sumarse, esto no ha impedido su lucha y cada vez más se hacen notorio, ante la vista indiferente de muchos que se hicieron llamar activistas sociales en el año 2020 y que hoy ocupan puestos y beneficios en este gobierno.
En el mundo actual, el verdadero ejercicio de la libertad, está en la legitimidad que puedan tener los gobernantes, por tanto, se necesita de los movimientos sociales para exigir límites a una gobernanza respetuosa de los derechos humanos y el bien común.
Una de las funciones de los movimientos sociales es propiciar la iniciativa de organización y fortalecimiento de los medios de exigencias que se consagran en la carta magna de los países que suelen vivir en un régimen democrático. Es por ello que siempre estaré en desacuerdo con las pretensiones perversas que se puedan implementar desde un gobierno al querer callar y desacreditar cualquier tipo de reclamo que la sociedad pueda manifestar, ya sea por los medios tradicionales de luchas, como los medios digitales y las redes sociales que son el arma mas poderosa en estos momentos, que, usados con responsabilidad, pondrían de rodillas a cualquier gobierno.
No es conveniente ignorar la población ya que un reclamo puede convertirse en una chispa que encienda la llama de un movimiento que no sabríamos en que puede convertirse, a veces son violentos y pueden desembocar en revoluciones que buscan cambios drásticos y radicales en la estructura de un país, por tal razón no deberíamos desconocer las pequeñas quejas de la sociedad, porque un pueblo cansado de la poca atención de sus gobiernos puede convertirse en el estallido que ningún gobernante quisiera tener del pueblo que una vez lo eligió, canalizando el cambio social a través de un movimiento garantista de las exigencias del soberano que es el pueblo.