SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ha sido apoderada de una querella por defraudación fiscal por 800 millones de pesos y un soborno por 4.6 millones de dólares contra varios exfuncionarios del pasado gobierno, tras el proceso de venta del edificio “Torre Integral” al Banco de Reservas, y su posterior arrendamiento al Ministerio de Industria y Comercio (MICM).
Los señalados en la querella son el exministro de Obras Públicas, Manuel de Jesús Pérez Gómez (Freddy Pérez); los exministros de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás y Nelson Toca; José Manuel Guzmán Ibarra, subadministrador de Negocios Gubernamentales del Banco de Reservas, y los ingenieros Ramón Andújar Ramírez y Publio Silfa Valencia, socios de Freddy Pérez, quienes vendieron el inmueble al Banco de Reservas.
18 millones de pesos mensuales es la cuota mensual del alquiler que paga actualmente el MICM por el edificio.
El edificio lo construyó Diseño Integral S.A., empresa disuelta que era propiedad de Freddy Pérez. El edificio fue comprado por el Banco de Reservas por 31 millones de dólares y arrendado, con opción a compra, al Ministerio de Industria y Comercio.
La queja fue depositada el 13 de febrero pasado y dirigida al magistrado Wilson Camacho, procurador adjunto y Director de la Pepca, por violación a los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Soborno; violación a los artículos 1, 2, 5, 14, 16 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas; los artículos 138, 139 y 146 de la Constitución de la República; los artículos 114, 115 y 116 del Código Penal, y los artículos 291 y 308 del Código Tributario.
La querella fue interpuesta por Ángel Moreta, representado por los abogados José Carela de la Rosa, Okensy Contreras Martes, Domingo Rojas Pereyra y Ramón Bonifacio Espinal.
Los abogados del querellante se reunieron, el 1 de febrero, con el magistrado Wilson Camacho, quien habría manifestado “que donde se haya sustraído un peso del pueblo la Pepca actuará como ha sido su norte”.
Según la denuncia, un soborno se habría pagado a funcionarios y empleados de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de la oficina ubicada en San Carlos, Distrito Nacional, en el año 2017, cuando la empresa Diseño Integral declaró y pagó el impuesto sobre la renta correspondiente ese año.
DGII investiga
La DGII investiga la existencia de “aparentes hechos relacionados a soborno” por 37 millones de pesos, supuestamente pagados por la empresa a servidores de la DGII, también en 2017, para facilitar la declaración de los impuestos, de acuerdo a la carta enviada por Luis Valdez, director del órgano recaudador, al querellante Ángel Moreta.
En la querella ante la PEPCA, los abogados han solicitado al Director de la DGII que le remita el nombre de los funcionarios de esa institución de la gestión de Magín Díaz que liquidaron los impuestos que generaron la evasión.
También han advertido al Director de la DGII que debe abstenerse de investigar el soborno, al personal de la DGII, que habrían recibido funcionarios y empleados, por ser competencia del Ministro Público, ya que es un delito penal.
Evasión fiscal
La denuncia refiere que los socios de la empresa supuestamente recibieron pagos por concepto de ganancias obtenidas por la venta del edificio y que dichas ganancias no habían sido declaradas correctamente ante la administración tributaria y ese sería el motivo de la defraudación fiscal.
La Resolución de Determinación de Obligación Tributaria GMPC No.2892519 determinó que Diseño Integral S.A. no declaró y pagó el impuesto sobre las retenciones del Impuesto sobre la Renta, correspondientes a los periodos comprendidos desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
La DGII ordenó el pago de 30.1 millones de pesos por concepto de impuestos; más la suma de 73.9 millones de pesos por recargos por mora; también 20.1 millones de pesos por concepto de intereses indemnizatorios, para un total de 124,235,146.68 pesos.
Fue durante la gestión de Temístocles Montás que se firmó un contrato de arrendamiento con opción a compra, del edificio del Ministerio de Industria y Comercio, con el Banco de Reservas por 31 millones de dólares unos 1,464,750,000.00 pesos; sin licitación.
Actualmente, el MICM paga una cuota mensual de alquiler por más de 18 millones de pesos.
Recursos de Banreservas
La empresa Diseño Integral SRL., propiedad de Freddy Pérez, construyó el edificio “Torre Empresarial Integral” con un financiamiento otorgado por el Banco de Reservas de 661,399,622.00 pesos, en el año 2013.
Luego y a solicitud del ministro Temístocles Montás, en el 2016 el banco del Estado compró el inmueble por 31 millones de dólares, de los que se descontó el préstamo y entregó a la empresa Diseño Integral SRL. 500,000,000.00 pesos en tres cheques de administración, con las numeraciones 20753232, 20753233, 20753234, con montos de 200,000,000.00, pesos; 100,000,000.00 pesos y 200,000,000.00 pesos, a nombre de Ramón Andújar Ramírez, socio de Pérez.
Venta del edificio
Fue durante la gestión de Temístocles Montás que se firmó un contrato de arrendamiento con opción a compra, del edificio del Ministerio de Industria y Comercio, con el Banco de Reservas por 31 millones de dólares unos 1,464,750,000.00 pesos; sin licitación y por el cual se paga una cuota mensual de alquiler de 24,000,000.00 pesos.
El contrato fue firmado por Montás en fecha 24 de enero de 2017 y por el administrador general del Banco de Reservas en ese momento, Simón Lizardo, y el subadministrador de Negocios Gubernamentales, José Manuel Guzmán Ibarra, y tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2036.
El senador por la provincia Espaillat, Carlos Manuel Gómez Ureña, tiene sometido a la justicia al exministro de Obras Públicas, Manuel de Jesús (Freddy) Pérez, por una alegada estafa por el reparto de los dividendos que dejó la venta del edificio «Torre Empresarial Integral, que construyeron en asociación”.
DGII confirma denuncia
La empresa Diseño Integral S.A., que construyó y vendió al Banco de Reservas el edificio donde funciona actualmente el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes (MICM), tiene un caso abierto en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), porque no declaró y pagó completamente el impuesto sobre la renta correspondiente al año 2017, por un monto de 124,235,146.68 pesos.
También el órgano recaudador investiga la existencia de “aparentes hechos relacionados a soborno” por 37 millones de pesos, supuestamente pagados por la empresa a servidores de la DGII, también en 2017, para facilitar la declaración de los impuestos.
Diseño Integral S.A., era propiedad del exministro de Obras Públicas José Manuel Pérez (Freddy Pérez), quien asociado al senador por la provincia Espaillat, Carlos Gómez, los ingenieros Publio José Silfa Valencia y Ramón Andújar Ramírez construyó la Torre Integral, que posteriormente fue comprada por el Banco de Reservas y arrendada, con opción a compra, al Ministerio de Industria por 31 millones de dólares.
La DGII ha emitido dos resoluciones a raíz de una denuncia realizada por el abogado Ángel Bienvenido Moreta Aguasvivas por la que solicitaba una investigación a la declaración de impuestos de sociedades y cese de operaciones de la razón social Diseño Integral S.A y el actual director, Luis Valdez, emitió una comunicación donde informa que se realizó la fiscalización de la empresa y se investiga el supuesto pago de sobornos a empleados de esa institución.
La denuncia refiere que los socios de la empresa supuestamente recibieron pagos por concepto de ganancias obtenidas por la venta del edificio y que dichas ganancias no habían sido declaradas correctamente ante la administración tributaria.
“Este ente tiene a bien informarle en su calidad de denunciante que, esta administración en su facultad de inspección, fiscalización en investigación inició una serie de actuaciones que resultaron en una fiscalización externa practicada por la Subdirección de Fiscalización, producto de lo cual fueron emitidos actos administrativos resolutorios contentivo de las determinaciones de las obligaciones impositivas procedentes, que al día de hoy, algunos de ellos se encuentran sometidos a las vías de recurso de Ley por las partes interesadas de manera personal y directa”, expresa la carta del director de la DGII.
La Resolución de Determinación de Obligación Tributaria GMPC No.2892519 determinó que Diseño Integral S.A. no declaró y pagó el impuesto sobre las retenciones del Impuesto sobre la Renta, correspondientes a los periodos comprendidos desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
La DGII ordenó el pago de 30.1 millones de pesos por concepto de impuestos; más la suma de 73.9 millones de pesos por recargos por mora; también 20.1 millones de pesos por concepto de intereses indemnizatorios, para un total de 124,235,146.68 pesos.
Otra resolución de la DGII, la número 2830791, determinó que Diseño Integral presentó y pagó parcialmente sus operaciones en cuanto al Impuesto sobre la Renta, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
En uno de los considerandos, la DGII expresa que la empresa no suministró el total de los documentos que respalden la razonabilidad de los ingresos, costos y gastos presentados en su declaración jurada del impuesto sobre la renta para el mismo periodo y por lo tanto el proceso de auditoría no pudo realizarse.
Pago de soborno
La carta del director de la DGII confirma la investigación del pago de supuestos sobornos por 37 millones a empleados de la oficina de San Carlos por la empresa Diseño Integral.
En el informe de cierre de operaciones de la empresa presentado al senador Carlos Gómez para justificar que no hubo ganancias en la venta del inmueble se informaba del pago de ese dinero a empleados de la DGII.
“Sobre el pago de aparentes hechos relacionados a soborno por 37 millones de pesos y supuestamente pagados por la empresa a servidores de la DGII, en gestiones pasadas, le informamos que este ente ha remitido la denuncia de lugar al área interna competente, para los fines de que se agoten las acciones investigativas administrativas procedentes», dice.