SANTO DOMINGO.– El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional pospuso este martes el inicio del juicio de fondo contra los implicados en una presunta red integrada por fiscales, empleados administrativos de la Procuraduría General de la República y policías que presuntamente tenían una estructura nacional que se dedicó durante años a eliminar miles de antecedentes penales a cambio de sobornos.
Los jueces Keila Pérez Santana, presidenta del tribunal, Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Batista suspendieron la audiencia porque la imputada Dilcia Argentina Núñez Santos no se presentó a la audiencia por problemas de salud y fijaron una nueva fecha para el 15 de mayo.
Los demás implicados en la supuesta estructura criminal acusada de alterar y “borrar fichas penales”, incluyendo alegados delincuentes, son: Alfredo Mirambeaux Villalona, Mártires Rosario Reyes, Rubén Darío Monbán Santana, Ashley Darleni Morbán Reyes, Antony Vicente Ferrer Monegro, Víctor Gilberto Mercedes Gómez y Laudelina Esther Reyes Silva.
Así como Luis Alfredo Astacio Polanco, Katherine Franchesca Astacio Polanco, Jancely Estala Arias López, Domingo Julio Santana Sánchez, Luis Peña Cedeño y la empresas Nexcom Technology .
Son imputados de quitar cerca de 17,000 registros penales, beneficiando a sicarios, narcotraficantes, violadores, agresores de género y personas involucradas en otros delitos graves, según el Ministerio Público.
La acusación establece que los imputados eliminaban antecedentes de personas con condenas de hasta 30 años y usaban a familiares y amigos para facilitar movimientos financieros con los fondos obtenidos de actos ilícitos, adquiriendo bienes y servicios con el dinero recaudado.
Se les acusa de violación a los artículos 59, 60, 123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
También, por violación a la Ley 41-08 sobre la Función Pública; los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.
Los citados textos tipifican y sancionan la asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos provenientes de los delitos imputados.
Por Ronny Pérez
