SANTO DOMINGO.- De acuerdo al Ministerio Público, en febrero del 2023, Juan Francisco Álvarez, director administrativo y financiero del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), emitió una certificación afirmando que los recursos necesarios para el proyecto estaban disponibles. Sin embargo, se ha revelado que los fondos no fueron solicitados al Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) hasta mayo y no ingresaron a las cuentas de la institución hasta julio, un mes después de que el contrato fuera firmado.
En el expediente de solicitud de coerción contra Hugo Beras, exdirector del Intrant, el empresario Jochi Gómez y demás imputados, explica que esa diferencia de meses sugiere que la institución reguladora del tránsito vehicular, dio inicio al proyecto sin contar con el financiamiento adecuado.
La situación pone en entredicho la gestión financiera del Intrant en la gestión de Beras, al comprometer su propio presupuesto y ofrecer información engañosa sobre la disponibilidad de los fondos.
El proyecto no se encontraba contemplado en el presupuesto ni en el Plan Operativo Anual de 2023, y la emisión de la certificación por parte de Álvarez contraviene los procedimientos financieros que exige el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF). La situación expone serias irregularidades en los procesos de contratación del Intrant y plantea dudas sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos.
Los demás involucrados en la denominada operación Camaleón son los exdirectores del Intrant, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, de tecnología; Pedro Vinicio Padovani Báez, del Centro de Control de Tráfico ; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, administrativo y financiero y Carlos José Peguero Vargas.
En la puesta en marcha de Camaleón se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En este operativo participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
Los detenidos se encuentran recluido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nuava, Distrito Nacional, y están acusados de irregularidades en un contrato de 1,317 millones de pesos entre el Intrant y la empresa Transcore Latam, además, de comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología, y robo de identidad.
Entre los hechos objeto de la imputación se encuentran el contrato, que el Ministerio Público tilda de fraudulento, para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo.
También están implicados en un contrato “ilegal” con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix firmado el 23 de junio del 2020, utilizado presuntamente para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto.
Los acusados serán presentados mañana martes ante la Oficina de Atención Permanente, para que les conozcas las medidas de coerción.
Por: Ronny Pérez