KENIA.- El Tribunal Superior ha detenido el despliegue previsto de 1.000 agentes de policía en Haití para luchar contra las pandillas y restablecer la paz.
De acuerdo con el periódico The Standard, la orden de detener el despliegue fue emitida por el juez Chacha Mwita. El caso fue presentado al tribunal por el líder del Partido Alianza de la Tercera Vía, Ekuru Aukot.
En tanto que el partido y su presidente, Mururu Waweru, figuran como segundo y tercer peticionario.
Ellos han demandado al presidente de Kenia, William Ruto; al ministro del Interior, Kithure Kindiki; al inspector general de la policía, Japhet Koome; al presidente de la Asamblea Nacional, Justin Muturi, y al Consejo de Seguridad Nacional.
En julio de 2023, Kenia ofreció enviar agentes de policía a Haití para frenar la inseguridad.
La solicitud fue aprobada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 10 de octubre.
Después de la aprobación, el presidente Ruto, en un discurso televisado, acogió con satisfacción la medida y reiteró la disposición de Kenia para el despliegue.
“No hubo ninguna reunión de gabinete y el resultado fue un memorando/resolución del gabinete para demostrar que se siguió el debido proceso”, dice la instancia elevada al tribunal.
Agregan los demandantes que la Constitución de 2010 no preveía el despliegue de agentes de policía en misiones fuera del país, lo que, por lo tanto, hace que la medida sea inconstitucional.
Según la Constitución, sólo las Fuerzas de Defensa de Kenia pueden desplegarse fuera de Kenia y la policía sólo puede funcionar dentro del país.
Dijeron que no hubo ninguna solicitud del gobierno de Haití, como requisito previo para el despliegue del servicio policial, por lo que no hay justificación para esa decisión.
La petición sostiene que existen dudas sobre si la ley haitiana permite el despliegue de policías extranjeros en su territorio.
Argumentan que existe un peligro real de que el despliegue se lleve a cabo sin respetar la ley y la constitución y sin llevar a cabo la participación pública.
La participación pública debería haber ocurrido antes de que Kenia presentara su solicitud al Consejo de Seguridad para su consideración, y si sucediera lo mismo, entonces sería sólo para un espectáculo.
Argumentan que el despliegue no promueve el uso eficiente, efectivo y económico de los recursos, lo que deja serias dudas sobre la prioridad del gobierno dada la inflación y los desafíos del alto costo de vida que Kenia enfrenta actualmente.
En su declaración jurada, Aukot acusa al presidente Ruto de firmar por sí solo y sin participación pública un acuerdo con Estados Unidos y la ONU para desplegar a los oficiales.
Citó el artículo 243 (3) de la constitución que dice: «El Servicio de Policía Nacional es un servicio nacional y funcionará en todo Kenia».
Aukot sostiene que Haití no está en guerra ni en estado de emergencia y agrega que en el pasado Estados Unidos y Francia desplegaron sus fuerzas armadas, lo que tuvo consecuencias lamentables.
Aukot dice que Kenia ya enfrenta varios desafíos de seguridad, como el asesinato de miembros de la comunidad Kikuyu, en el condado de Lamu, lo que, según él, debería implicar el despliegue de agentes.
Sostiene que no existe ninguna ley o tratado que Kenia haya ratificado a través del parlamento para autorizar el despliegue de policía en Haití o en cualquier otro lugar.
