POR EMMANUEL TRINIDAD PUELLO
El 15 de agosto del año 2004, a sólo un día de culminar el gobierno de Hipólito Mejía, nuestro país firmó un acuerdo o tratado con los Estados Unidos de América, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, el cual procuraba la desgravación arancelaria de un conjunto de artículos que culminará con el Libre Comercio, a partir del 01 de enero del año 2025.
Dentro del grupo de artículos contenidos en dicho acuerdo; se encuentra el cultivo del arroz, que es el alimento líder de la dieta alimenticia del país, también que por su importancia en la economía doméstica impacta en el Producto Interno Bruto (PIB) agrícola, ya que el sector arrocero tiene cerca de 31,000 productores y genera unos 350,000 empleos directos e indirectos.
Las provincias de mayor producción son: Duarte, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel con un total de 13,906 fincas con 905,000 tareas sembradas, las cuales producen 13,000,000 de quintales al año, que abastecen el 90% de los 11,000,000 de habitantes y los 10,000,000 de turistas que visitan el país, el restante 10% cerca de 3,000,000 de quintales son importados y enviados por los dominicanos que residen en el exterior, fundamentalmente desde New York, a través de los tanques de comida.
Concluido el plazo de 20 años y entrar en vigencia el tratado de Libre Comercio, ahora a partir del 01 de enero del presente año, el Presidente Luis Rodolfo Abinader Corona en procura de “proteger” al productor Nacional, emite el decreto 693-24 el 18 de diciembre del recién pasado 2024, el cual consiste en establecer un conjunto de medidas arancelarias para limitar la importación de arroz libre de aranceles de los Estados Unidos.
Ahora bien, ¿Tiene efecto jurídico la implementación de dicho decreto? Claro que no surtirá ningún efecto jurídico, ya que nuestro país es signatario del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y Centroamérica (DR-CAFTA), y en nuestra carta sustantiva los tratados tienen jerarquía constitucional y ninguna ley o decreto está por encima de la Ley de Leyes, en tal sentido nuestro país puede exponerse a sanciones por parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) del cual forma parte.
Lo que el gobierno de Luis Abinader debió y debe hacer; es acompañar al sector arrocero en procura de promover la tecnificación del proceso de producción, que permita elevar su eficiencia y productividad, para disminuir los costos de producción y así ser competitivo con los productores estadounidenses los cuales producen 06 pesos menos que los productores nuestros en una libra de arroz.
De lo contrario, el sector arrocero dominicano no podrá competir con los productores norteamericanos, lo que provocará la quiebra del sector arrocero, siendo los más perjudicados los que habitamos la provincia que lleva el nombre de nuestro padre fundador Juan Pablo Duarte, por ser ésta la de mayor producción del producto líder de la dieta nacional.
