SANTO DOMINGO.- El Poder Judicial de la República Dominicana informó que ha aprobado una propuesta integral de actualización de su Política de Protección de Datos, con la finalidad de asegurar la privacidad de las personas mencionadas en decisiones judiciales publicadas, al tiempo que garantiza la transparencia del sistema de justicia.
El órgano judicial explicó en un comunicado, que la norma protege la identidad de personas querellantes, demandantes, demandadas, imputadas, víctimas, testigos, peritos, así como de jueces, abogados, miembros del Ministerio Público, secretarios judiciales, alguaciles, notarios, intérpretes y venduteros públicos, entre otros actores del sistema judicial.
Esta nueva política establece medidas obligatorias para la disociación o anonimización de los datos personales identificables contenidos en sentencias accesibles a través de la plataforma Juriteca, administrada por la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ).
Los medios de comunicación y demás interesados tendrán acceso a las informaciones pertinentes de los tribunales, pero con los los datos personales protegidos.
El documento detalla que la propuesta surge como respuesta a la creciente digitalización de la justicia dominicana, en especial mediante el uso de plataformas y el Portal de Acceso Digital del Poder Judicial, las cuales han facilitado de manera exponencial el acceso a decisiones judiciales en línea.
Asimismo, comunica que el objetivo es evitar vulneraciones al derecho a la intimidad, al honor y a la dignidad humana, conforme a la Constitución y a leyes como la núm. 172-13 sobre protección de datos personales.
La política de protección de datos fue aprobada el pasado 22 de mayo por los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Pilar Jiménez Ortiz, Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz, Fran Euclides Soto Sánchez, Nancy Idelsa Salcedo Fernández, Justiniano Montero Montero, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Rafael Vásquez Goico, Vanessa Elizabeth Acosta Peralta, Samuel Amaury Arias Arzeno, María Gerinelda Garabito Ramírez, Moisés Alfredo Ferrer Landrón y Francisco Antonio Ortega Polanco.
Los magistrados establecen los principios rectores como la privacidad por diseño y por defecto, la minimización de datos personales en decisiones publicadas, y criterios claros para la disociación o anonimización de la información sensible contenida en las sentencias.
