SANTO DOMINGO.– Tres imputados en el caso Operación Cobra confesaron este jueves ante el tribunal que realizaron pagos de sobornos a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), así como a otros funcionarios de la institución vinculados al presunto entramado de corrupción que habría desfalcado al Estado dominicano con miles de millones de pesos.
La revelación fue confirmada por Mirna Ortiz, procuradora de corte y titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien destacó que los imputados no solo admitieron su participación, sino que también comenzaron a colaborar con el Ministerio Público, aportando elementos de prueba. “Tres de los imputados han admitido su participación en los hechos y el pago de sobornos a miembros del SeNaSa, incluyendo a su exdirector”, afirmó Ortiz.
El expediente del Ministerio Público indica que los sobornos recibidos por los funcionarios involucrados superan los 2,000 millones de pesos, mientras que el desfalco total ascendería a varios miles de millones. Además de Hazim Albainy, figuran como imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado de tramitación compleja, argumentando la magnitud del expediente, la pluralidad de implicados y el impacto social. “Estamos ante un seguro de salud que cubre a más de 7 millones de dominicanos. Hay más que razones para que el caso se declare complejo”, señaló Ortiz, junto al procurador adjunto Wilson Camacho, quien encabezó el equipo litigante.
Ortiz informó que la solicitud de coerción está sustentada en más de 138 pruebas documentales, 35 testimoniales y diversas pruebas periciales. La audiencia continuará este viernes a las 2:00 de la tarde, luego del receso dispuesto por el juez Rigoberto Sena, cuando ya la mayoría de imputados había presentado sus argumentos de defensa.
El Ministerio Público busca sanciones penales contra los acusados, así como el decomiso del dinero sustraído al SeNaSa. Entre los delitos imputados figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
