Por Víctor Féliz Solano
En toda política pública bien intencionada hay un punto crítico que no puede ignorarse y es su impacto real sobre la gente que la sostiene.
La entrada en vigencia de la Ley 98-25, que modifica aspectos sustanciales de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos, ha abierto un debate legítimo que el país no debe despachar ni con consignas ambientales ni con reacciones defensivas del sector productivo.
La molestia del comercio no es un capricho. Tampoco es un rechazo a la sostenibilidad, como algunos han querido simplificar. Es, en esencia, una reacción a cómo se distribuye el costo de una política que, siendo necesaria, fue diseñada sin suficientes amortiguadores para la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Conviene decirlo con claridad, el país necesita ordenar su sistema de residuos. Las calles, cañadas, ríos y mares lo reclaman. Los ayuntamientos lo padecen todos los días sin recursos suficientes. Y el modelo actual de gestión, basado en la improvisación y el subfinanciamiento, ya no es viable. En eso no hay discusión.
El problema surge cuando el mecanismo de financiamiento, en este caso los aportes obligatorios al Fondo de Gestión de Residuos, se percibe como desproporcionado y poco sensible a las diferencias reales entre los actores económicos. Cuando una mipyme siente que se le exige como si fuera una gran empresa, el conflicto es inevitable. No por mala fe, sino por supervivencia.
Aquí es donde la política pública debe detenerse, mirar el tablero completo y corregir. La sostenibilidad ambiental no puede construirse sobre la fragilidad económica de quienes generan empleo, dinamizan barrios y sostienen la vida comercial de pueblos y ciudades. Tampoco puede descansar exclusivamente sobre el sector formal, mientras otros grandes generadores de residuos permanecen en zonas grises de fiscalización.
Desde la óptica municipal, el tema es aún más delicado. Los gobiernos locales son los primeros responsables de la gestión de residuos, pero también los más débiles financieramente. Una ley que aumenta recaudos sin fortalecer de manera clara y transparente las capacidades municipales corre el riesgo de convertirse en una transferencia más, sin impacto visible en limpieza, reciclaje o economía circular.
Por eso, más que confrontación, este momento exige diálogo técnico y político. Un diálogo que revise escalas, gradualidad, criterios de proporcionalidad y, sobre todo, el destino final de los recursos. El comercio necesita saber cuánto paga, por qué paga y qué mejora concreta verá en su entorno inmediato. Sin esa ecuación, la ley pierde legitimidad social.
También es una oportunidad para algo más profundo y es repensar el modelo de corresponsabilidad. No solo cobrar, sino incentivar. No solo sancionar, sino acompañar. No solo prohibir, sino facilitar la transición hacia alternativas sostenibles reales, accesibles y económicamente viables.
La sostenibilidad no puede imponerse como castigo. Debe construirse como acuerdo. Y los acuerdos duraderos se logran cuando el Estado escucha, corrige y explica; y cuando los sectores productivos entienden que el orden ambiental también es una inversión en competitividad y calidad de vida.
La Ley 98-25 aún está a tiempo de convertirse en una política transformadora y no en una fuente permanente de conflicto. Para eso, hace falta algo simple, pero escaso, la voluntad de ajustar sin perder el objetivo.
Porque cuidar el medio ambiente y cuidar la economía no son causas opuestas. El verdadero reto está en hacerlas compatibles. Y ese es, precisamente, el tipo de desafío que una democracia madura debe saber manejar.
