SANTO DOMINGO. El Congreso Nacional estudia un proyecto de ley que reorganiza el sector de los juegos de azar en República Dominicana, el cual propone una moratoria de diez años para el otorgamiento de nuevas licencias de casinos, bancas de lotería y salas de tragamonedas, además de establecer penas de prisión para quienes operen de manera ilegal.
La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados con modificaciones, pero regresó al Senado para una nueva revisión antes de su aprobación definitiva.
De acuerdo con el artículo 190 del proyecto, durante una década no podrán emitirse nuevas licencias para bancas de lotería, salas de tragamonedas ni otros establecimientos de apuestas. La única excepción contempla los casinos que formen parte de nuevos proyectos hoteleros.
La propuesta también endurece las sanciones contra las operaciones ilegales. El artículo 161 establece penas de uno a dos años de prisión para quienes operen sin licencia o fuera de los lugares autorizados, mientras que los artículos 162 y 163 prevén condenas de hasta diez años de cárcel para infracciones más graves, como el uso de testaferros y la ocultación de ganancias.
Asimismo, crea la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), un organismo autónomo que tendría a su cargo la regulación, supervisión y fiscalización del sector.
En el ámbito digital, el proyecto establece un impuesto del 10 % sobre las ventas brutas de los juegos por internet y faculta a las autoridades a bloquear dominios y direcciones IP de plataformas que operen sin autorización en el país.
La iniciativa también ordena la creación de un Sistema Único de Registro para concentrar la información de las apuestas y fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de activos.
Distancias y restricciones
Entre las medidas de regulación, el proyecto dispone que los establecimientos de apuestas deportivas no podrán instalarse a menos de 500 metros de escuelas, hospitales e iglesias. En el caso de las bancas de lotería, la distancia mínima será de 200 metros.
Además, las máquinas tragamonedas deberán devolver a los jugadores al menos el 85 % del dinero apostado y las bancas deportivas podrán operar un máximo de 15 máquinas.
La propuesta crea, además, un Registro Nacional de Autoexclusión para personas con problemas de ludopatía y prohíbe a los propietarios de negocios de apuestas otorgar préstamos a los jugadores o aceptar bienes personales, como joyas o vehículos, como forma de pago.
También impide el ingreso de menores de edad, personas armadas o en estado de embriaguez a los establecimientos de apuestas y prohíbe que deportistas y árbitros apuesten en competencias en las que participen o tengan alguna intervención.
El proyecto fija un horario de funcionamiento para casinos y salas de tragamonedas de 4:00 de la tarde a 6:00 de la mañana y dispone que el 10 % de las multas recaudadas se destine a programas de prevención y tratamiento de la ludopatía.
Como parte del proceso de regularización del sector, la iniciativa contempla un régimen de descuentos para el pago de deudas tributarias acumuladas hasta 2025.
Observaciones al proyecto
Durante el estudio de la pieza, organizaciones como Fenapadres y la Asociación contra la Ludopatía expresaron preocupación por la posible expansión de las bancas y la reducción de las distancias de seguridad para las bancas de lotería.
Por su parte, la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca) cuestionó que el proyecto no le otorgue representación en el Consejo Técnico que tendría funciones de asesoría en la regulación del sector. La iniciativa establece que ese órgano estará integrado por funcionarios del Estado, aunque permite convocar a representantes del sector privado para ser escuchados en reuniones específicas.
Tras las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, el proyecto regresó al Senado, donde fue enviado a una comisión para un estudio más detallado. Su conocimiento continuará cuando se inicie la nueva legislatura, el próximo 16 de agosto.
