SANTO DOMINGO.- La República Dominicana comenzó a aplicar este lunes 3 de agosto el nuevo Código Penal, con el que queda derogada la legislación que rigió desde 1884 y se inicia una nueva etapa en el sistema de justicia penal del país.
La entrada en vigor ocurre un año después de la promulgación de la Ley 74-25, el 3 de agosto de 2025, en cumplimiento del artículo 393, que estableció un plazo de 12 meses para su aplicación.
El nuevo Código introduce decenas de figuras delictivas que no estaban contempladas en la legislación anterior, endurece las sanciones para múltiples crímenes y permite, en determinados casos, la acumulación de penas de hasta 60 años de prisión. También incorpora condenas de hasta 40 años para los delitos más graves.
Entre las nuevas tipificaciones figuran el feminicidio, el sicariato, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, la estafa piramidal, el ciberacoso, el hostigamiento cibernético, los ataques con ácido del diablo, el autosecuestro, la violencia patrimonial, la experimentación biomédica ilícita, la tortura, el reclutamiento de niños para cometer delitos y la obstrucción de la justicia.
La normativa también actualiza el tratamiento de los delitos tecnológicos y amplía las herramientas legales para perseguir modalidades criminales que no existían cuando fue aprobado el antiguo Código Penal.
Su aprobación fue el resultado de un proceso legislativo que se extendió por casi tres décadas, marcado por debates sobre temas como el aborto, la responsabilidad penal de iglesias y partidos políticos, los delitos de corrupción y otros aspectos que retrasaron su aprobación.
Antes de su entrada en vigencia, el Congreso modificó varios artículos relacionados con la libertad de expresión, la difamación, la difusión de imágenes privadas, la malversación de fondos y la responsabilidad penal de las empresas, tras las críticas de distintos sectores.
Aunque se presentaron iniciativas para aplazar la aplicación de la ley por seis meses, estas no prosperaron y el presidente Luis Abinader reiteró que el Código entraría en vigor en la fecha prevista.
Pese a su implementación, varios artículos de la nueva legislación continúan siendo objeto de recursos ante el Tribunal Constitucional, cuyas decisiones podrían modificar algunos de sus contenidos en el futuro.
