SANTO DOMINGO. – La desaparición de personas en República Dominicana constituye una problemática que trasciende el ámbito policial y requiere una respuesta coordinada del Estado, con mecanismos de búsqueda efectivos y acompañamiento permanente a las familias, advirtió el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.
La institución presentó el “Diagnóstico Integral sobre Desapariciones No Voluntarias en República Dominicana”, una investigación que analiza las dificultades que enfrentan las familias durante la búsqueda de sus parientes y plantea acciones para fortalecer la respuesta institucional.
El estudio fue presentado en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y fue elaborado a partir de revisión documental, análisis comparado de legislación, entrevistas, grupos focales y una encuesta aplicada a 74 familiares de personas desaparecidas.
Entre los principales hallazgos, el diagnóstico identifica dificultades para presentar denuncias y dar seguimiento a los casos, así como deficiencias en el acompañamiento a las familias y desafíos de coordinación entre las instituciones involucradas.
La investigación también documenta los efectos económicos, sociales y emocionales que enfrentan los familiares y que, en algunos casos, pueden extenderse durante años.
Durante la presentación, Ulloa sostuvo que la desaparición de una persona compromete derechos fundamentales como la vida, la libertad, la seguridad personal y la integridad física, psíquica y moral.
“Detrás de cada registro existe una vida; detrás de cada expediente, una familia; y detrás de cada demora institucional, una angustia que se prolonga”, expresó.
Mujeres cargan con buena parte de la búsqueda
El diagnóstico señala que la carga de mantener activa la búsqueda recae especialmente sobre las mujeres, principalmente madres, esposas, hermanas e hijas de las personas desaparecidas.
Estas familiares suelen movilizar a sus comunidades, recurrir a los medios de comunicación y dar seguimiento directamente a las autoridades para intentar obtener información sobre sus parientes.
Ulloa consideró que esa participación de las familias es un derecho, pero no debe convertirse en una transferencia de las responsabilidades que corresponden al Estado.
“Un Estado que funciona no abandona a las personas cuando las cámaras se retiran o cuando el paso del tiempo reduce el interés público. Mantiene activa la búsqueda, coordina sus capacidades, informa con honestidad, rinde cuentas y coloca la dignidad humana en el centro de cada actuación”, manifestó.
Alertas RD
El Defensor del Pueblo reconoció como un avance la promulgación de la Ley 25-26, que crea la Alerta Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, denominada “Alertas RD”.
La legislación establece un marco para activar la búsqueda, coordinar la respuesta de las instituciones y facilitar la colaboración de los medios de comunicación y la sociedad.
Sin embargo, Ulloa advirtió que la activación de una alerta no debe considerarse el final del proceso.
“Una alerta es el inicio de la búsqueda, no su conclusión”, afirmó.
A partir de los hallazgos, el diagnóstico plantea la necesidad de establecer responsabilidades claramente definidas, protocolos comunes, intercambio oportuno de información y mayores capacidades tecnológicas y forenses.
También recomienda fortalecer el acompañamiento psicosocial y mantener canales permanentes de comunicación con los familiares.
Una responsabilidad del Estado
Ulloa sostuvo que las desapariciones no voluntarias no pueden ser abordadas exclusivamente como un asunto policial, debido a que también involucran derechos fundamentales, salud mental, protección social, investigación criminal, gestión forense, acceso a la información, justicia y responsabilidad pública.
Explicó que el papel del Defensor del Pueblo no consiste en sustituir las funciones de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Interior y Policía o los tribunales, sino en vigilar la respuesta del poder público, promover la coordinación entre las instituciones y señalar las brechas existentes entre las normas y su aplicación.
La institución informó que dará seguimiento a las recomendaciones contenidas en el diagnóstico y promoverá su discusión con las entidades responsables de implementar Alertas RD y fortalecer la protección de las familias.
Ulloa llamó a convertir los resultados de la investigación en acciones concretas.
“Aspiremos a construir un país en el que ninguna desaparición sea recibida con indiferencia, ninguna familia tenga que buscar sola y ninguna ausencia quede c
