SANTO DOMINGO.- Las niñas dominicanas terminan la secundaria en mayor proporción que los varones, pero ese logro no las protege de la violencia, el embarazo adolescente ni las normas sociales que limitan su desarrollo. Esta es una de las conclusiones del Análisis de la situación de niñas, niños y adolescentes en la República Dominicana según sexo y normas sociales, que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) hace público por esta fecha.
Los avances educativos de las niñas dominicanas deben ir acompañados de una protección efectiva frente a la violencia, las uniones tempranas y el embarazo adolescente. Garantizar sus derechos significa crear entornos seguros, eliminar las barreras sociales y asegurar que cada niña pueda desarrollar plenamente su potencial y construir su propio presente y futuro.
Más logros educativos, pero no más protección
El 71.4 % de las adolescentes completa el segundo ciclo de secundaria, frente al 51 % de los varones. Aun así, el embarazo adolescente sigue siendo una barrera importante: el país registra 53 nacimientos por cada 1,000 niñas de entre 15 y 19 años. A esto se suma que una de cada cuatro adolescentes de entre 15 y 19 años ha faltado a la escuela, al trabajo o a actividades sociales durante la menstruación debido a la falta de apoyo y de condiciones adecuadas para su gestión menstrual.
La violencia sigue marcando sus trayectorias
Más de tres cuartas partes de las adolescentes reportan haber vivido algún tipo de violencia durante su infancia y adolescencia, y casi la mitad describe abusos en el entorno escolar. Las niñas y adolescentes de 10 a 19 años presentan la mayor prevalencia de agresión sexual entre toda la población infantil y adolescente.
Avances que hay que sostener
El informe destaca avances importantes, como la prohibición del matrimonio para menores de 18 años, vigente desde la reforma de 2021 al Código Civil, y la política nacional de prevención de las uniones tempranas y el embarazo adolescente con horizonte a 2030. No obstante, persisten normas sociales y desigualdades que limitan el alcance de estas medidas, especialmente para las niñas rurales, migrantes y con discapacidad. En este contexto, resulta fundamental continuar fortaleciendo las políticas públicas, la coordinación interinstitucional y las acciones de prevención y acompañamiento, a fin de garantizar que los avances normativos se traduzcan en mayores oportunidades y una protección efectiva para todas las niñas y adolescentes.
