SANTO DOMINGO.- Diputados expresaron su respaldo al proyecto de Ley Mirabal, una iniciativa que busca fortalecer los mecanismos de prevención, atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género en República Dominicana, mediante nuevas disposiciones legales y una respuesta coordinada de las instituciones del Estado.
Los congresistas coincidieron en que la propuesta representa un esfuerzo para enfrentar los feminicidios y otras manifestaciones de violencia, aunque advirtieron que las medidas legislativas deben estar acompañadas de programas educativos y políticas públicas que contribuyan a transformar los patrones culturales que fomentan estas conductas.
El diputado Charlie Mariotti Paz, quien figura como coproponente de la iniciativa, destacó que el proyecto incorpora medidas de control, acompañamiento y educación, además de establecer una línea de actuación para las autoridades ante cualquier denuncia de violencia.
“Como Congreso tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para tratar de establecer un marco jurídico que realmente pueda garantizar que ni una menos”, expresó el legislador.
En ese sentido, sostuvo que la propuesta procura fortalecer las herramientas legales existentes para enfrentar situaciones de violencia que, según manifestó, se presentan cada vez con mayor frecuencia.
Contempla violencia vicaria y fortalecimiento de órdenes alejamiento
De su lado, la diputada Kinsberly Taveras detalló que uno de los principales elementos de la propuesta es la incorporación de disposiciones relacionadas con la violencia vicaria, así como mecanismos para fortalecer las órdenes de alejamiento y establecer protocolos de emergencia según el nivel de riesgo de las víctimas.
Asimismo, resaltó que la normativa busca articular una respuesta institucional unificada, de manera que las mujeres afectadas no tengan que acudir a diferentes organismos ni repetir constantemente los hechos denunciados.
“Lo que trae de diferente es la articulación, que la víctima no va a tener que repetir todas las veces lo que le pasó”, explicó Taveras.
La legisladora precisó que la iniciativa recoge recomendaciones de la sociedad civil, el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer y otras instituciones, mientras que los demás proyectos de la reforma Déjala Ir continuarán su curso legislativo.
La diputada Selinée Méndez respaldó los esfuerzos legislativos, pero advirtió que la aprobación de nuevas leyes no será suficiente para erradicar la violencia si no se trabaja en la educación y la formación de valores desde edades tempranas.
Méndez consideró que la prevención debe comenzar en los hogares y centros educativos, al señalar que las conductas machistas y la normalización de la violencia constituyen obstáculos para enfrentar esta problemática.
“Aquí hay que trabajar desde el colegio, desde la escuela, desde el hogar”, manifestó la congresista, quien insistió en que la responsabilidad de combatir la violencia debe involucrar a toda la sociedad.
Mientras tanto, la diputada oficialista Indhira de Jesús valoró la unidad de los legisladores en torno a la iniciativa y destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Congreso Nacional y el Ministerio de la Mujer, encabezado por Gloria Reyes.
“Todos estamos trabajando en una misma dirección, que es erradicar la violencia y que la gente tome conciencia de que si una mujer no te quiere, déjala ir”, expresó.
Los legisladores reiteraron la necesidad de impulsar mecanismos de protección más efectivos, fortalecer la educación preventiva y garantizar una actuación oportuna de las autoridades frente a las denuncias, con el propósito de reducir los hechos de violencia contra las mujeres en el país.
Reconocimiento al legado de las hermanas Mirabal
La denominación Ley Mirabal honra la memoria de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, referentes de la lucha por los derechos de las mujeres y símbolo internacional de la resistencia frente a la violencia y la opresión.
Ley Mirabal propone hasta 40 años de cárcel contra quien mate a hijos para castigar a madres
El proyecto de Ley Orgánica de respuesta integral a las violencias contra las mujeres, denominado Ley Mirabal, depositado en la Cámara de Diputados, establece la creación de la figura penal del vicariato, fijando una pena de hasta 40 años de prisión cuando el asesinato de un niño, niña o adolescente se ejecute con la finalidad de causar sufrimiento o castigar a la madre.
La propuesta legislativa fue presentada por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, y asumida como proyecto de ley por 78 diputados.
Introduce por primera vez en el sistema dominicano los delitos de violencia vicaria y el vicariato como delitos, que son definidos como actos ilícitos en los que un agresor maltrata a allegados o hijos de la víctima para causar su sufrimiento.
Penas
Según el proyecto de los diputados, la violencia vicaria sanciona con penas de 5 a 10 años de prisión a quien lesione, amenace o prive de libertad a hijos o personas vinculadas a una mujer para castigarla.
En caso de que el agresor mate a los hijos o a la gente vinculada a la víctima para provocar su sufrimiento, la pena se eleva hasta los 40 años de cárcel.
Otros delitos
Aparte del vicariato, el proyecto de ley propone castigar otros delitos como la convivencia con menores de edad bajo la excusa de estar en una «relación de pareja».
El texto sanciona con penas de 5 a 10 años de prisión a la persona mayor de edad que establezca «convivencia de pareja» con una persona menor de edad.
La misma sanción recae sobre quienes concierten, entreguen o trasladen a la menor.
La iniciativa también tipifica las intervenciones quirúrgicas, procedimientos ginecológicos o métodos anticonceptivos impuestos sin el consentimiento de la paciente.
La esterilización forzada se penalizaría con 10 a 20 años de prisión, una escala que aumenta a penas de 20 a 30 años de cárcel cuando la víctima sea una niña o adolescente.
Asimismo, se castigaría hasta con cinco años de prisión la denegación o retraso injustificado de atención médica ante emergencias obstétricas.
Delitos digitales
Frente a las agresiones facilitadas por tecnologías, el proyecto penaliza con cinco a 10 años de prisión mayor la captación no consentida de imágenes íntimas, la coacción o sextorsión amenazando con difundir material íntimo real o generado por inteligencia artificial, y la divulgación de datos de localización para facilitar agresiones.
Estas penas aumentarían hasta los 20 años de cárcel cuando afectan a menores o exista abuso de autoridad.
El proyecto de Ley Mirabal prohíbe cualquier mecanismo de conciliación en casos de violencia contra las mujeres.
En ese orden, la propuesta establece que la reconciliación de la víctima con su agresor no extinguirá la acción penal ni justificará el archivo del expediente judicial.
