SANTIAGO .- La investigación del Ministerio Público que dio con el desmantelamiento de una poderosa red del cibercrimen dedicada a extorsionar a ciudadanos estadounidenses, y que suma hasta el momento más de 60 detenidos, constituye una operación sin precedentes para los delitos transnacionales, resaltó Osvaldo Bonilla, fiscal titular de esta provincia.
La estructura criminal, desmantelada a través de decenas de allanamientos simultáneos realizados en el país y en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, operaba desde Santo Domingo, Santiago, La Vega y Puerto Plata.
“Se trata de una red dedicada a extorsionar, con el uso de las tecnologías, a través de centros que simulaban ser call center (centros de llamadas) para estafar a ciudadanos de Estados Unidos. Seguimos allanando, trabajando y levantando evidencias”, explicó Bonilla.
El representante del Ministerio Público reiteró que los integrantes de la organización criminal utilizaban medios electrónicos para llevar a cabo sus operaciones y dijo que los allanamientos y otras diligencias de la investigación aún están en curso en distintos puntos del país.
En el caso trabajan intensamente decenas de expertos en investigación del Ministerio Público, el Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, la Embajada de Estados Unidos y agencias como el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Bonilla indicó que el Ministerio Público posee múltiples evidencias de transacciones millonarias, vehículos de alta gama, armas de fuego y equipos electrónicos, incluyendo computadoras y celulares, con lo que asegura conseguirá la imposición de medidas de coerción en contra de los detenidos, que a la fecha superan las 60 personas.
La Operación Discovery, que surge de una minuciosa investigación desarrollada durante meses por el Ministerio Público contra los delitos de alta tecnología, incluye la participación de una fuerza de tarea conjunta en la que participan 45 fiscales,105 técnicos y 321 agentes policiales.
Las acciones se desarrollan bajo las instrucciones de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y la coordinación operativa de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santiago.
El órgano rector de la investigación presentará cargos por violación a los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los que tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la usurpación de funciones, y el 405, que condena la estafa.
Además, se les imputa transgredir los artículos 2 y 4 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos, y 14 y 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que castigan la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones.
