SANTO DOMINGO.– La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) interpuso una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) contra el Seguro Nacional de Salud (SENASA), alegando graves vulneraciones a derechos fundamentales y falta de transparencia en el manejo de fondos públicos.
La audiencia del caso fue fijada para este jueves 30 de octubre, en modalidad virtual, según informó la organización.
ADOCCO explicó que el 21 de septiembre de 2025 solicitó al SENASA, a través del Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP), operado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), varias informaciones relacionadas con contratos y pagos a empresas proveedoras.
Entre los documentos requeridos figuran los contratos suscritos con las compañías Khersum SRL, My Care RD Telemedicina (Grupo Siulrod SRL), y Punto Médico, Salud Bucal y Farma Card del Grupo Read, así como los reportes de servicios y pagos desagregados realizados durante su ejecución.
SENASA declara la información “reservada”
El SENASA respondió a la solicitud señalando que la información pedida está clasificada como reservada, conforme al Acto de Clasificación de Información No. ACI-SNS-032021, firmado el 15 de febrero de 2021 por su director ejecutivo, Dr. Santiago Hazim.
Dicho acto declara como información reservada los expedientes de contratos y tarifas suscritos con prestadores de servicios de salud, por un período de cinco años, bajo custodia de la Gerencia de Servicios de Salud.
ADOCCO denuncia violación al derecho ciudadano a saber
El presidente de ADOCCO calificó la respuesta de SENASA como una violación flagrante al derecho fundamental de los ciudadanos a conocer el manejo de los recursos públicos, recordando que la institución fue escenario de uno de los intentos de defraudación más graves de las últimas décadas, donde presuntamente se confabularon servidores públicos y empresarios privados para apropiarse de fondos destinados a la salud.
“Estamos confiados en que la justicia, a través del Tribunal Superior Administrativo, tutelará el derecho a saber y permitirá continuar con las acciones legales ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra los responsables”, concluyó el dirigente.
