SANTIAGO.– El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago tiene previsto este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra once policías acusados de quitarles la vida a cinco hombres, durante un incidente registrado el pasado 10 de septiembre en una plaza comercial ubicada en el sector La Barranquita.
La medida será conocida por la jueza Yerixa Cabral, quien aplazó la audiencia el pasado día tres, a solicitud de los abogados de la defensa, quienes pidieron tiempo para estudiar el expediente acusatorio, alegando que recibieron el dispositivo en la misma sala de audiencias.
Los imputados en este caso son los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los sargentos Sócrates Fidel Féliz Féliz y Hairo Mateo Morillo; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña. Todos estaban adscritos a distintos departamentos e investigaciones de la Policía Nacional en Santiago y forman parte del grupo que, según el expediente, participó directamente en la ejecución de los cinco hombres.
Mientras que las víctimas respondían a los nombres de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.
El Ministerio Público solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra los oficiales, a quienes se les atribuyen los delitos de asociación de malhechores y homicidio voluntario.
Tras el suceso, la Policía Nacional informó que había matado a cinco supuestos delincuentes durante un presunto intercambio de disparos.
Sin embargo, horas después familiares de uno de varios de los fallecidos desmintieron dicha versión y denunciaron que los agentes actuantes habían borrado las evidencias del caso, llevandose hasta los videos de las cámaras de seguridad de la barbería donde ocurrió el suceso.
Esto causó todo un revuelo en la sociedad, por lo que la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ordenó a la Fiscalía de Santiago realizar una investigación exhaustiva sobre lo sucedido.
Días después fueron arrestados los agentes actuantes tras una investigación encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la fiscal titular interina de Santiago, Quirsa Milagros Abreu.
