Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), tras saludar y suscribir la resolución 42-2020, de la Junta Central Electoral (JCE), posponiendo las elecciones de mayo para el domingo 5 de julio y domingo 26 de julio, esta última fecha ante la eventualidad de una segunda vuelta, una salida salomónica, que además a contado con el consenso de los partidos políticos.
Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia, precisó que no se trata de enjuiciar si es o no constitucional la medida, ya que nadie está obligado a lo imposible, máxime cuando estamos en presencia de problema de fuerza mayor, que viene azotando casi a la totalidad del mundo y en particular a la República Dominicana, con un impacto demoledor en los ámbitos social, económico y hasta político, por los efecto y emergencia sanitaria del Coronavirus.
Potentini recordó que los diversos escollos, como la prohibición de los Estados Unidos de Norte América, de celebrar elecciones en su territorio de forma presencial (para los dominicanos en el exterior), única mecánica prevista en nuestras leyes, para garantizar el derecho a elegir y ser elegible de nuestra diáspora, además de la experiencia comparada, con la suspensión de elecciones, en más de 25 países a la fecha, imponían la correcta decisión que ha tomado la junta de posponer las elecciones.
Advierte sobre Apagón Constitucional, sino hay elecciones antes del 16 de agosto
No obstante, la entidad cívica advirtió, que ante la muy probable eventualidad de que tampoco puedan celebrarse elecciones antes del 16 de agosto, porque persistan las causas y el estado de emergencia generado por el Coronavirus, que en la actualidad han obligado al cambio de fecha para las elecciones, entonces estaríamos en presencia de un Apagón Constitucional, lo que nos llevaría a precisar del mayor consenso y discusión de nuestra clase política, para barajar una posible reforma constitucional, y cuales serían las formulas a considerar, para la estructuración de un esquema, que de forma provisional maneje los destinos del país.
Esto así porque el artículo 274 de la constitución, de manera expresa le pone un plazo de caducidad, de termino al mandato de los funcionarios electivos de 4 años, ósea la duración del periodo constitucional, fuera de ahí indefectiblemente estaríamos en una situación de quiebre democrático y constitucional.
En ese sentido la FJT entiende que ya es tiempo de que el liderazgo político dominicano, deje de escurrir el bulto y asuman con responsabilidad el momento histórico que estamos viviendo, de crisis social y humanitaria, sin precedentes por la pandemia del Coronavirus, tomando en serio y mirando más allá de la curva, el muy posible y lamentable vacío de poder, limbo jurídico o apagón constitucional, que podrían generarse, en el ámbito político y democrático, en un momento donde el país y la democracia necesitan de la mayor legitimidad posible, para poder afrontar con éxito los grandes retos que suponen la gobernabilidad en tiempos de Coronavirus.
