Roberto Valenzuela
Exigir transparencia en el manejo de los recursos públicos es un deber ciudadano y una condición indispensable para la vida democrática. Sin embargo, ese ejercicio debe realizarse con apego a los hechos y a la debida contextualización, especialmente cuando se trata de asuntos que involucran políticas públicas sensibles.
En el escenario actual, toda denuncia o señalamiento dirigido al Gobierno —ya sea producto de una preocupación legítima o de información incompleta— tiene el potencial de incidir de manera significativa en la percepción pública. Esta realidad obliga a un mayor rigor al momento de analizar responsabilidades y procesos administrativos.
En el caso de la póliza de seguro del Ministerio de Educación que ha generado debate reciente, es necesario aclarar que dicha contratación no corresponde a decisiones adoptadas por la actual gestión ministerial. Se trata de una póliza suscrita durante la administración anterior, cuya información no fue suficientemente explicada en su momento, lo que ha dado lugar a cuestionamientos posteriores sobre su alcance y finalidad.
Toda solicitud de información y rendición de cuentas es válida y saludable. No obstante, cualquier evaluación sobre la pertinencia, legalidad o utilidad de esta póliza debe situarse en el período en que fue contratada, bajo la gestión del entonces ministro de Educación, Ángel Hernández. Desplazar responsabilidades hacia la actual administración no contribuye a un análisis justo ni objetivo del tema.
Conviene recordar que la Póliza de Accidentes Personales Colectivos para Estudiantes, contratada con Seguros Reservas, mantiene vigencia hasta diciembre de 2025 y no constituye un seguro de salud, sino una cobertura limitada a eventos accidentales ocurridos en el entorno escolar o durante el traslado de los estudiantes desde y hacia sus centros educativos, incluyendo el Sistema de Transporte Estudiantil (TRAE).
De igual forma, resulta pertinente señalar que el actual ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, ha dispuesto una revisión técnica y administrativa exhaustiva del contrato, solicitando incluso una prórroga de 60 días, sin costo adicional, a fin de evaluar con mayor rigor sus condiciones. Al momento de asumir la gestión, el pago correspondiente ya había sido realizado, por lo que no se han generado nuevos desembolsos por este concepto.
La transparencia no se debilita con las aclaraciones; por el contrario, se fortalece cuando la información se presenta con precisión y en su justo contexto. El debate público gana en calidad cuando se sustenta en datos verificables y se evitan interpretaciones que, lejos de contribuir a la rendición de cuentas, pueden generar confusión en la ciudadanía.
En tiempos en los que la sensibilidad social se encuentra particularmente acentuada por otros casos en discusión, resulta fundamental actuar con responsabilidad en el manejo de la información. La crítica es necesaria; la precisión, indispensable.
