SANTO DOMINGO.- La ministra de Interior y Policía, Faride Virginia Raful Soriano, ha presentado una querella penal con constitución en actor civil contra el comunicador Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez, conocido como «Detective Ángel», a quien acusa de difamación agravada y de ejecutar una campaña sistemática de descrédito en su contra a través de plataformas digitales.
La exsenadora por el Distrito Nacional, en una segunda querella que se suma a la depositada contra Ingrid Altagracia Jorge Pérez, conocida como «La Torita», por alegada difamación e injuria, en la que reclama una indemnización de 50 millones de pesos por los daños y perjuicios causados a su honor, imagen y estabilidad emocional.
La acción judicial exige una indemnización de 50 millones de pesos por daños y perjuicios, según consta en el documento firmado por su abogado apoderado, Miguel E. Valerio Jiminián.
Ambas suman 100 millones de pesos
Raful alega que las afirmaciones del acusado, difundidas mediante videos en su canal de YouTube y publicaciones en la red social X (anteriormente Twitter), la vinculan falsamente con actividades delictivas como el narcotráfico y tráfico de armas, además de amenazas con difundir contenido íntimo.
«Estas declaraciones fueron realizadas de forma pública y reiterada, con pleno conocimiento de su falsedad, afectando la dignidad, reputación e imagen de la señora Faride Raful», se lee en la querella.
Pruebas
Entre las pruebas presentadas se incluye una memoria USB con videos en los que «Detective Ángel» acusa a Raful de tener vínculos con un supuesto narcotraficante y de ser cómplice en operaciones ilegales, sin aportar evidencia que sustente tales alegaciones.
Según el documento legal, estas acusaciones constituyen una violación a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
El caso cobra aún mayor dimensión tras la reciente confrontación pública entre Raful e Ingrid Jorge, quien publicó en redes sociales una fotografía de Raful vestida de novia, acompañada de comentarios burlones y una acusación de que la ministra estaría utilizando su rol político para obtener contratos para allegados.
La publicación también aludía a presuntas relaciones pasadas de Raful, lo que ha sido interpretado como parte de una ofensiva coordinada de descrédito en su contra.
La querella, interpuesta el 30 de mayo de 2025, concluye con una solicitud de condena al acusado y la ejecución de diligencias para identificar si hubo participación de terceros. También se reserva el derecho de Raful a aportar nuevas pruebas o cargos adicionales durante la fase preparatoria.
