SANTO DOMINGO.- El informe de auditoría practicada en el Ministerio de Energía y Minas sobre el activo de la Central Termoeléctrica Punta Catalina reveló múltiples debilidades, deficiencias e irregularidades en los procesos de contratación y en la determinación del costo de construcción de la planta, cuyo período de análisis abarca desde 2013 hasta 2021.
En el Capítulo III del informe, la Cámara de Cuentas detalla que la inversión comprobada realizada por el Estado asciende a RD$136,179,872,551.
A este monto se le restan RD$9,258,717,973 correspondientes a ingresos por la venta de energía durante el período de prueba, quedando un subtotal de RD$126,921,154,578. Sin embargo, al agregar valores contabilizados no validados por RD$21,100,083,823, el total neto de la obra se eleva a RD$148,021,238,401.
Además, la auditoría verificó pagos por RD$10,091,017,601 que fueron realizados por el Ministerio de Hacienda y que no constan en los registros de la entidad.
Estos pagos incluyen RD$9,764,672,492 por intereses y comisiones sobre préstamos entre enero de 2013 y julio de 2020, así como RD$326,345,109 por reembolsos de exenciones del ITBIS.
Punta Catalina operaba en 2020 pero en 2021 aún figuraba en construcción
El informe también revela que a pesar de que Punta Catalina fue concluida y puesta en operación en abril de 2020, al cierre de 2021 la obra aún figuraba en los registros como una construcción en proceso.
«Se observó que a la fecha 2021 la Termoeléctrica Punta Catalina aún permanece como una obra en construcción pese a que la misma desde el mes de abril de 2020 se encuentra terminada y operando», expresa el documento.
Otros hallazgos
Otro de los hallazgos más significativos es que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), hoy Ministerio de Energía y Minas (MEM), realizó contrataciones bajo la modalidad de proveedor único y exclusividad sin presentar la debida documentación que justificara la excepción. Entre ellas se identifican montos de US$407,317, US$18,380,427 y RD$9,541,689.33.
Asimismo, se suscribieron contratos con personas y empresas sin que estas estuvieran registradas en el Registro de Proveedores del Estado, tal como establece la normativa. También se verificaron modificaciones de contratos superiores al 50 % del monto inicial, como en los casos de Stanley Consultants, INC. por US$2,622,238.53, y Manatt, Phelps & Philips, LLP. por US$655,000.
El informe revela que se realizaron contrataciones bajo procedimientos de emergencia, sin que consten los informes remitidos a la Cámara de Cuentas ni a la Contraloría General de la República. Entre estos contratos figuran montos por US$33,803,924 y RD$8,209,000, ejecutados sin procesos de selección.
La auditoría también observó que varias contrataciones se realizaron sin exigir la garantía de seriedad de la oferta (equivalente al 1 % del monto propuesto), ni la garantía de fiel cumplimiento de contrato, instrumentos que aseguran la ejecución de los compromisos adquiridos por los proveedores.
De igual manera, no se encontraron certificaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ni de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) que demostraran que los proveedores estaban al día en sus obligaciones fiscales y de seguridad social al momento de la contratación.
Contratos de publicidad
De igual manera, la investigación detectó que la CDEEE contrató servicios de publicidad mediante excepciones por un monto de RD$164,698,794, sin que existieran informes periciales justificativos ni resoluciones del Comité de Compras y Contrataciones que avalaran la modalidad aplicada.
Asimismo, se identificaron contrataciones para la colocación de publicidad a través de intermediarios, sin procesos de selección, por RD$287,037,560, lo que constituye una violación a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
El informe concluye que la gestión de la construcción de Punta Catalina estuvo marcada por sobrecostos, falta de transparencia y debilidades en controles administrativos y financieros, y resalta la necesidad de fortalecer los registros contables y la supervisión en futuros proyectos de gran envergadura.
