SANTO DOMINGO.- En el transcurso de las investigaciones sobre el registro ilegal de defunciones que se lleva contra el procesado Máximo Mendoza, fueron arrestadas el viernes cinco mujeres vinculadas, incluyendo cuatro profesionales de la medicina y una alcaldesa pedánea del municipio Esperanza.
Las imputadas fueron identificadas como Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rosenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez, médicos de profesión, así como la alcaldesa Yluminada Altagracia Uceta, quienes fueron arrestadas con orden judicial en la sede de la Fiscalía de Valverde tras la obtención de evidencias que las vinculan con los delitos de falsificación y aporte de datos falsos en el registro de las defunciones.
El Ministerio Público adelantó que las imputadas serán sometidas a la justicia en las próximas horas y que pedirá la declaración de caso complejo ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde.
Máximo Mendoza, principal imputado del caso, cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao, provincia Valverde, al establecer el Ministerio Público con diferentes evidencias ante el citado tribunal que registró varias defunciones ante unidades médicas y oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE). Su proceso, además, fue declarado complejo.
Mendoza se dedicaba a la falsificación y uso fraudulento de documentos públicos para cometer los hechos delictivos que ocurrieron entre diciembre de 2024 y junio de este 2025, afectando los sistemas de salud y registral.
Según se ha establecido, con la acción el imputado pretendía dañar a las personas que declaraba muertas por supuestas deudas económicas pendientes. Hasta el momento se han identificado seis víctimas, completando el proceso de cinco de ellas en Salud Pública y posteriormente en la Junta Central Electoral, y una sexta que solo registró en el Ministerio de Salud.
Los registros de defunción fueron llenados por distintos médicos en pasantías y sin exequátur para ejercer la profesión, entre ellos, las cuatro arrestadas. El imputado utilizaba la estrategia de solicitar el servicio a los médicos en distintos turnos en diferentes unidades de Atención Primaria de Valverde.
Los fiscales Esther María González Peguero, representante ante la Junta Central Electoral (JCE), y Víctor Manuel Mejía (titular de Valverde), están a cargo del caso.
El Ministerio Público ha establecido en el proceso que uno de los aspectos comunes encontrados en el delito ha sido que algunas de las víctimas, personas en condiciones de vulnerabilidad económica, realizaban negociaciones de préstamos personales utilizando como respaldo los beneficios sociales que recibían a través de programas estatales de asistencia social. Estos beneficios consistían en un capital mensual por la suma de dos mil cien pesos (RD$2,100), destinados a cubrir necesidades básicas.
El imputado, aprovechándose de la precariedad de estas personas, les ofrecía préstamos por montos de entre cinco mil y quince mil pesos que cobraba reteniendo las tarjetas de asistencia social. En los casos en que no podía cobrar recurría a la maniobra de presentarse ante distintas Unidades de Atención Primaria (UNAP) de los municipios Mao y Esperanza para asentar el fallecimiento de la persona fingiendo ser familiar directo de las víctimas, como primo, tío y esposo.
En este caso el Ministerio Público cuenta con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) de la Policía Nacional y de la Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral.
El grupo es imputado de violar las disposiciones legales contenidas en los artículos 146, |147 y 148 del Código Penal Dominicano y los artículos 109, 208 y 210 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23.
