SANTO DOMINGO.– El Defensor del Pueblo, encabezada por Pablo Ulloa, emitió este jueves una aclaración pública tras la difusión de informaciones incompletas sobre el uso de su tarjeta de crédito institucional, asegurando que todas las operaciones realizadas cuentan con sustento legal, documental y auditorías internas.
La entidad recordó que, conforme al artículo 190 de la Constitución, el Defensor del Pueblo es un órgano constitucional autónomo, y por esa naturaleza está exceptuado de la prohibición establecida en el artículo 30 de la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial, lo que permite el uso de herramientas financieras para el cumplimiento de sus funciones.
Gastos realizados
La institución detalló el comportamiento del uso de la tarjeta en los últimos cuatro años:
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Total ejecutado: RD$4,194,000
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Promedio mensual: RD$91,176
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Límite autorizado: RD$150,000 mensuales
¿En qué se utiliza?
El Defensor del Pueblo explicó que la tarjeta se usa exclusivamente para pagos institucionales, entre ellos:
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Suscripciones de aplicaciones, software y servicios digitales necesarios para las operaciones internas.
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Herramientas de videoconferencia, correos masivos y manejo de datos institucionales.
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Servicios web, monitoreo de redes sociales e internet satelital para áreas operativas.
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Alimentos y bebidas no alcohólicas para reuniones de trabajo o actividades oficiales.
Cada consumo —destacó la entidad— está avalado por solicitudes formales de los departamentos correspondientes y respaldado por las políticas internas de control.
Compromiso con la transparencia
El Defensor del Pueblo afirmó que los datos suministrados son verificables, que la ejecución presupuestaria se mantiene “en línea” y que la institución opera bajo estándares estrictos de transparencia, reiterando que cada centavo administrado está debidamente justificado.
La entidad concluyó señalando que la transparencia es una práctica constante y una obligación institucional.
