SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público reveló en su solicitud de medida de coerción que la red acusada de desfalcar al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) habría creado una estructura de crimen organizado dirigida por el exdirector ejecutivo Santiago Hazim, con el objetivo de sustraer fondos públicos mediante múltiples mecanismos de corrupción y lavado de activos, con apoyo de actores del sector privado.
En el expediente, que involucra a diez imputados, se señala que la red instaló un esquema interno para obstruir la transparencia e impedir cualquier iniciativa de fortalecimiento institucional, lo que permitió sostener las maniobras fraudulentas durante varios años. Además de Hazim, están acusados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Ada Ledesma Ubiera.
Programas especiales y manipulación financiera
Según el Ministerio Público, los acusados crearon “programas especiales” sin sustento técnico ni financiero, utilizados como conducto para recibir sobornos millonarios. La Gerencia de Salud habría tramitado estos pagos simulando legitimidad, mientras la Gerencia Financiera justificaba los desembolsos.
El expediente también indica que el grupo adulteró estados financieros “de manera crónica”, instruyendo al personal de Contabilidad, Finanzas y Tecnología a cerrar fraudulentamente el registro de reclamaciones, lo que permitió ocultar la dimensión real del déficit y presentar estabilidad ante los órganos fiscales externos.
Para garantizar el control total del esquema, los imputados reclutaron y cooptaron funcionarios clave, incluyendo personal de análisis financiero y presupuestario, quienes—según el MP—autorizaron cierres fraudulentos y manipularon informes a orden directa de los líderes del entramado.
Impacto en las reservas técnicas
El Ministerio Público afirma que las maniobras fraudulentas afectaron directamente las reservas técnicas de SeNaSa, cuyo déficit a finales de 2024 superaba los RD$15,921 millones. El sub-registro sistemático de obligaciones financieras habría sido ejecutado por Gustavo Enrique Messina en su rol de gerente financiero.
Lavado de activos, empresas fachadas y facturación ficticia
La red también habría establecido empresas de carpeta para lavar fondos provenientes de los sobornos, emitiendo cientos de facturas falsas por servicios de salud nunca prestados. Estas operaciones simulaban relaciones comerciales con prestadoras de servicios de salud, que transferían dinero a través de estas compañías para justificar pagos ilícitos.
Los fondos recibidos eran extraídos en efectivo y destinados al pago final de sobornos a funcionarios de alto rango, según el documento.
Manipulación de códigos de prestadores y sobretratamientos
El Ministerio Público señala que los imputados también negociaron directamente la asignación y restitución de códigos a prestadoras de servicios de salud, obteniendo ventajas indebidas mediante complicidad con actores privados.
Asimismo, los líderes de la red habrían permitido el incremento fraudulento de la facturación por sobretratamientos, incluyendo:
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sesiones de radioterapia y quimioterapia aplicadas de manera innecesaria,
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colocación de stents coronarios sin justificación médica,
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procedimientos dermatológicos por lesiones inexistentes o irreales,
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endoscopías y colonoscopías sin indicación clínica,
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facturación de hemodiálisis a pacientes fallecidos.
Obstaculización de la investigación
El expediente indica que los imputados intentaron obstaculizar el proceso de investigación mediante ocultamiento de información y retrasos deliberados en la entrega de documentos requeridos por el Ministerio Público.
El proceso de arrestos inició el pasado sábado, cuando Hazim se presentó voluntariamente ante los fiscales y fue detenido. Este lunes, el órgano acusador depositó la solicitud de medida de coerción, en la que pide 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
