SANTO DOMINGO.-La defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre, principal imputado en el caso de corrupción administrativa conocido como Operación Coral, cuestionó la acusación presentada por el Ministerio Público, calificándola de carente de lógica jurídica al intentar señalar como ilícitos bienes que, a su juicio, fueron adquiridos mediante préstamos bancarios verificables.
El abogado Cristian Martínez afirmó que, aunque el Ministerio Público ha realizado un “escrutinio riguroso” de la movilidad bancaria de su defendido e identificado la totalidad de su patrimonio, persiste en mantener una acusación sobre transacciones que, según la defensa, el sistema financiero ha validado plenamente.
Durante la contrarréplica ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Martínez centró parte de sus argumentos en la defensa de la adquisición de una residencia familiar en el sector Colinas del Oeste y otros solares comprados desde 2013. La fiscalía sostiene que Cáceres y su esposa no tenían capacidad económica ni historial crediticio suficiente para esos bienes, e insinuó que el préstamo habría sido facilitado de forma irregular por “gerentes de confianza” en una sucursal bancaria.
Sin embargo, la defensa presentó pruebas ante el tribunal que, según indicó, contradicen la narrativa fiscal. Martínez afirmó que la compra de la vivienda se realizó por RD$8.9 millones, de los cuales RD$6.2 millones fueron obtenidos mediante un préstamo en el Banco de Reservas, y que los pagos se hicieron desde la cuenta personal de Cáceres, alimentada exclusivamente por sus ingresos salariales como oficial general.
“Si el dinero para comprar la vivienda proviene de un financiamiento bancario ya transado y verificado, ¿qué hacemos aquí? No hay lógica en decir que la operación es irregular cuando los pagos salen de la cuenta donde el señor Cáceres recibe su sueldo”, cuestionó Martínez, reiterando que la defensa rechaza la tesis de que el préstamo fue aprobado de manera irregular por supuestos vínculos con el coronel Rafael Núñez de Aza.
La defensa insistió en que, al estar la operación debidamente reflejada y verificada en el sistema bancario nacional, se elimina cualquier posibilidad de ocultamiento o lavado de activos en ese aspecto específico de la acusación, aunque el caso sigue su curso y el Ministerio Público continúa presentando sus argumentos para sostener la solicitud de penas severas contra los acusados.
