SANTO DOMINGO. — La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio y de manera cautelar el Registro de Proveedores del Estado (RPE) de cuatro empresas, luego de identificar posibles vínculos societarios, comerciales y familiares con personas y sociedades cuyos registros ya habían sido suspendidos en el marco de investigaciones del Ministerio Público.
Las empresas afectadas por la medida, contenida en el acto administrativo DGCP44-2026-003760, son Grupo Zomo, SRL; Southwest Corporation Dominicana, SRL; Marenas, SRL y Procesadora de Granos de Santo Domingo CK 1000, SRL.
De acuerdo con la DGCP, los procesos de verificación y cruce de datos permitieron detectar coincidencias y conexiones entre estas entidades y proveedores cuyos registros habían sido suspendidos por investigaciones relacionadas con presuntos delitos contra la Administración pública en procesos de contratación estatal.
El director general de la DGCP, Carlos Pimentel, indicó que la decisión se adoptó con base en las facultades que le otorgan la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación, el Decreto 52-26.
Según la institución, el objetivo es proteger el patrimonio estatal y la integridad del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP), ante el riesgo de que sociedades relacionadas con proveedores suspendidos sean utilizadas para mantener indirectamente su participación económica en las compras públicas.
Medida es preventiva
La DGCP aclaró que la suspensión tiene carácter preventivo, provisional y no sancionador, por lo que no establece responsabilidad penal o administrativa de las empresas ni de sus ejecutivos.
La institución señaló que la medida responde a un riesgo que considera razonable de elusión de las suspensiones cautelares previamente adoptadas y busca preservar la transparencia y la libre competencia en las contrataciones públicas.
El acto administrativo establece que la suspensión permanecerá vigente hasta que concluyan las investigaciones judiciales relacionadas con los casos de origen o hasta que se acredite la desvinculación o el cese de las circunstancias que dieron lugar a la medida.
La DGCP informó además que remitió el acto administrativo a la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para los fines correspondientes.
La disposición fue emitida el 14 de septiembre de 2026 y está disponible en el apartado de Marco Legal del portal de la DGCP.
