SANTO DOMINGO.-El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó, por mayoría de votos, la solicitud de extinción de la acción penal presentada por Ángel Lockward y otros acusados en el proceso por una presunta estructura de corrupción que habría defraudado al Estado dominicano con más de RD$19,000 millones.
La decisión permite que el proceso continúe y que el Ministerio Público avance con la presentación de su acusación contra los imputados, a quienes atribuye haber participado en un esquema de pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, además de otras operaciones presuntamente fraudulentas.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, informó que el tribunal rechazó la petición formulada por gran parte de los acusados, quienes buscaban poner fin al proceso mediante la extinción de la acción penal.
Ortiz explicó que la decisión fue adoptada por mayoría, al considerar las juezas que el análisis del vencimiento de los plazos procesales no podía limitarse a un simple cómputo matemático.
“Hay que analizar otros aspectos que van mucho más allá que el simple cómputo matemático de los plazos”, declaró Ortiz durante un receso de la audiencia.
La representante del Ministerio Público indicó que, tras la decisión, el órgano acusador estaba preparado para continuar con la presentación de su acusación durante la audiencia de este lunes.
Tribunal analiza ley aplicable
Ortiz explicó que las juezas realizaron un análisis jurídico adicional debido a que las defensas solicitaron la aplicación de una ley derogada, bajo el argumento de que resultaba más favorable para los procesados.
Según la titular de Pepca, la mayoría del tribunal determinó que no correspondía aplicar la legislación derogada invocada por las defensas, sino la normativa vigente, por lo que decidió mantener abierto el proceso judicial.
La decisión fue adoptada por las juezas Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, mientras que la presidenta del tribunal, Arlin Ventura Jiménez, emitió un voto disidente.
El juicio continúa
El Ministerio Público está representado en el proceso por Ortiz, el procurador de corte Héctor García y los fiscales litigantes Miguel Collado, Rosa Ysabel, Miguel Crucey, Rosa Alba García, Jhensy Víctor, Elvira Rodríguez, Arolin Lemos y Melbin Romero.
El pasado mes de mayo, el Ministerio Público obtuvo la apertura a juicio contra 35 de los 40 acusados incluidos en el expediente, entre ellos el exministro de Hacienda Ángel Donald Guerrero Ortiz, el abogado Ángel Lockward, el excontralor Daniel Omar de Jesús Camacho Santana, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirillo Mccabe, el director de Catastro Claudio Silver Peña y el exdirector de Casinos Julián Omar Fernández Figueroa.
Mientras tanto, el Ministerio Público apeló el auto de no ha lugar dictado a favor de los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo Terrero, así como de otros tres acusados, al considerar que el tribunal realizó una valoración incorrecta de varias pruebas.
La acusación
Según la acusación del Ministerio Público, los imputados, arrestados el 18 de marzo de 2023, formarían parte de una estructura que habría desviado más de RD$19,000 millones mediante pagos irregulares vinculados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.
La acusación también señala presuntos sobornos destinados a financiar la campaña electoral de 2020 y la sustracción de recursos relacionados con pagos de deudas de distintos ministerios.
El Ministerio Público atribuye además al grupo la implementación de un supuesto esquema de sobornos relacionado con los juegos de azar, cuya regulación corresponde al Ministerio de Hacienda.
Los acusados enfrentan cargos por asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos, conforme a la acusación presentada por el Ministerio Público.
