Por Margarita de la Rosa
Hay titulares que, más que tranquilizarme, me obligan a pensar. Leer que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, coloca a República Dominicana entre los países que, a juicio de Washington, están “haciendo las cosas bien”, despierta una pregunta que considero legítima: ¿desde cuándo necesitamos la certificación de una potencia extranjera para saber si estamos conduciendo correctamente los asuntos de nuestra nación?
No cuestiono la necesidad de mantener buenas relaciones con Estados Unidos. Sería absurdo desconocer su peso económico, político y estratégico para República Dominicana. Una cosa, sin embargo, es la cooperación entre Estados soberanos y otra muy distinta la impresión de alineamiento casi automático que determinadas decisiones de nuestra política exterior han venido dejando.
En los últimos tiempos hemos visto acuerdos y concesiones de cooperación con Washington que han provocado cuestionamientos en sectores de la opinión pública.
Uno de los más recientes fue el memorando mediante el cual República Dominicana aceptó recibir temporalmente nacionales de terceros países deportados desde Estados Unidos. El Gobierno ha insistido en que conserva la potestad de aceptar o rechazar cada caso y que el acuerdo no afecta nuestra soberanía.
Precisamente ahí está el debate. No basta con afirmar que la soberanía permanece intacta; también hay que cuidar cómo se ejerce y cómo la percibe la ciudadanía.
He vivido suficientes etapas de nuestra historia política para recordar gobiernos duramente cuestionados por sus vínculos con Washington. Joaquín Balaguer, a quien combatimos políticamente desde nuestra juventud y cuyo gobierno fue calificado muchas veces de conservador y reaccionario, mantuvo una estrecha relación con Estados Unidos. Pero no recuerdo haber sentido con tanta frecuencia esta necesidad de aprobación externa ni esta imagen de disponibilidad permanente ante las prioridades de la potencia del Norte.
Sería injusto afirmar que el Gobierno dominicano ha cedido siempre ante Washington. En el tema haitiano, por ejemplo, ha defendido posiciones propias, ha mantenido las deportaciones pese a las críticas internacionales y ha rechazado convertir al país en receptor masivo de refugiados. Pero precisamente porque somos capaces de decir no cuando entendemos que nuestros intereses están en juego, deberíamos preguntarnos por qué en otros escenarios nuestra política exterior parece tan complaciente.
No propongo enfrentamientos con Estados Unidos. Propongo dignidad en la relación. Cooperación, sí. Alianzas, también. Pero entre países que se reconocen mutuamente como soberanos.
Porque República Dominicana puede ser amiga de Estados Unidos sin convertirse en su subordinada. Y quizás el mejor reconocimiento que pueda recibir un gobierno dominicano no sea que Washington diga que estamos “haciendo las cosas bien”, sino que los dominicanos sintamos que las decisiones que comprometen nuestro territorio y nuestra política exterior se toman aquí, pensando primero en los intereses de la República Dominicana.
