SANTO DOMINGO.-Héctor Antonio Lora Cruceta y Luisa Yasiris Guzmán de Lora continuarán en prisión, mientras Dilcia Vargas Sánchez mantiene arresto domiciliario
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago ratificó las medidas de coerción impuestas a los tres implicados en el proceso judicial por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y fondos vinculados al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Durante la revisión obligatoria de la medida de coerción, el tribunal decidió mantener en prisión preventiva a Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC.
También continuará en prisión preventiva Luisa Yasiris Guzmán de Lora, esposa de Lora Cruceta.
En tanto, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta y quien ocupó funciones de vicepresidenta y auditora interna y externa del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, mantendrá el arresto domiciliario que le fue impuesto desde el inicio del proceso.
Lora Cruceta es señalado por el Ministerio Público como el principal imputado del caso. Su defensa había solicitado sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, con la colocación de un dispositivo electrónico.
Pantaleón Mieses, representante legal de Lora Cruceta, informó que durante la audiencia depositó documentos para sustentar que su cliente cuenta con arraigo suficiente para cumplir una medida menos gravosa.
Entre los documentos presentados figuran la comprobación de su domicilio, títulos profesionales como ingeniero, un título de propiedad sin gravámenes y documentos personales.
El abogado sostuvo que, a su juicio, estos elementos demuestran que Lora Cruceta no representa peligro de fuga.
El proceso, denominado Onco14, se desprende de una investigación del Ministerio Público sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Instituto Oncológico Regional del Cibao y fondos vinculados a SeNaSa.
Según el órgano acusador, la presunta estructura habría desviado RD$148,660,116 del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y del IORC entre 2018 y 2025.
Asimismo, las autoridades investigan el manejo de unos RD$3,700 millones provenientes de SeNaSa.
