SANTO DOMINGO.- La Policía Nacional registra 53,877 órdenes de arresto pendientes de búsqueda y captura contra personas requeridas por la justicia por distintos delitos, entre ellos violencia intrafamiliar, robos, agresiones, homicidios y delitos cibernéticos.
El dato fue presentado este jueves por el vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, durante una rueda de prensa en la que participaron el director Central de Investigación (Dicrim), general Pedro Ignacio Matos Pérez; el subdirector, coronel Fulvio Grullón Penso, y representantes del área de Transformación Digital de la Policía.
De acuerdo con la base presentada, 17,635 órdenes corresponden a casos de violencia intrafamiliar; 11,587 a robos; 5,951 a agresiones físicas; 4,018 a agresiones sexuales; 2,761 a delitos cibernéticos y 2,681 a homicidios.
También figuran 1,630 órdenes relacionadas con amenazas, además de otros delitos incluidos en la base de datos policial.
Pesqueira explicó que la plataforma permite consultar información como fotografías, documentos de identidad, tribunales requirentes y los delitos asociados a cada orden, con el propósito de facilitar la labor de investigación y la coordinación con el Ministerio Público y otras instituciones del sistema de justicia.
Personas con múltiples órdenes
La Policía identificó 73 personas con múltiples órdenes de arresto, algunas con más de 40 registros.
Entre ellas figuran José Luis Mateo Medina, con 41 registros, y Julio Antonio Mejía Martínez, con 32. Además, otras 485 personas cuentan con más de cinco registros, según los datos presentados por la institución.
En cuanto a los requeridos por homicidio, la base registra 2,548 personas.
Fugas de centros penitenciarios
La Policía también informó que desde 2025 se han registrado 37 fugas de personas privadas de libertad.
De ese total, 21 personas han sido reapresadas, 12 permanecen pendientes de captura y cuatro fallecieron en distintas circunstancias, de acuerdo con la información ofrecida por la institución.
La Policía Nacional indicó que mantiene la búsqueda de las personas requeridas por la justicia en coordinación con el Ministerio Público y otros organismos de seguridad del Estado.
