La inestabilidad política y la crisis social han servido de caldo de cultivo para unas protestas que se remontan ya a 2018 y en las que, según un nuevo informe de la ONU, ha habido abusos tanto por parte de las fuerzas de seguridad como por grupos armados, sin que apenas nadie haya rendido cuentas por lo ocurrido. Las tensiones, lejos de calmarse, aún persisten.
La oposición ha convocado nuevas protestas contra el presidente de Haití, Jovenel Moise, por entender que su mandato expira en febrero y, por tanto, está a punto de gobernar al margen de lo que estipula la Constitución. Moise promueve una nueva Carta Magna que será sometida a referéndum, previsiblemente en abril, mientras que las elecciones presidenciales y legislativas se celebrarán en septiembre, en principio sin la presencia del actual mandatario.
Al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos le «preocupa» que «la inseguridad persistente, la pobreza y las desigualdades estructurales, sumadas al aumento de las tensiones políticas», puedan derivar en nuevos abusos. Una portavoz de la oficina, Marta Hurtado, ha denunciado en un comunicado que el contexto es «casi de total impunidad».
«Las tensiones políticas están resurgiendo por el calendario y el alcance del referéndum sobre la reforma constitucional propuesta por el Gobierno» y «los llamamientos a protestas masivas aumentan», ha apuntado Hurtado, que teme que de nuevo se repitan los patrones de abusos ya vistos en 2018 y 2019, así como en octubre y noviembre de 2020.
En su informe, la ONU también da cuenta de los efectos que las barricadas erigidas en los últimos años tienen para el día a día de los haitianos, ya que limitan su movimiento y el acceso a servicios básicos como la salud o la educación.
La portavoz del Alto Comisionado ha instado a las autoridades haitianas a tomar medidas «inmediatamente» para que no vuelvan a repetirse los abusos, lo que pasa por garantizar que las fuerzas de seguridad cumplen los estándares internacionales al responder a una manifestación, por ejemplo haciendo uso de la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario, y que las bandas «no interfieren en el derecho de la población a manifestarse de forma pacífica».
Además, según Hurtado, deben depurar responsabilidades sobre incidentes anteriores y atender en última instancia «las causas que han alentado las protestas», que incluyen desigualdades, corrupción y pobreza, entre otros retos pendientes.
REFORMAS «PREOCUPANTES»
La portavoz ha lamentado, en cambio, medidas como los decretos presidenciales que establecen una agencia nacional de Inteligencia o refuerzan la seguridad pública. «Son preocupantes» a ojos de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, dado que «los análisis preliminares indican que no parecen ir en línea con las normas y estándares internacionales en materia de Derechos Humanos».
«Pueden llevar a una mayor represión de los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión. Los actos de violencia cometidos por manifestantes en protestas anteriores no deberían servir como pretexto para recortar libertades fundamentales y reducir el espacio cívico», ha advertido Hurtado.
