Un experto internacional en financiamiento a partidos políticos califica como una debilidad en la legislación dominicana el que no se establezca un monto tope que se debe destinar para gastos en los que incurran los partidos o agrupaciones políticas, así como el régimen de distribución de esos fondos una vez concluyan los procesos electorales.
Héctor Díaz Santana, además de enfatizar la imprecisión respecto a cuánto y cómo se debe contemplar lo referente a los recursos públicos que son asignados a esas entidades, explicó que ni en la Constitución ni en las leyes adjetivas existe un artículo que aborde el tema.
Al participar como orador en un almuerzo organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Díaz Santana cuestionó el sistema de reparto, señalando que no es equitativo, ya que la ley establece que el 80 % de los recursos que se aprueben para tales fines serán distribuidos entre los que saquen el 5 % o más, sin importar el monto que hayan sacado uno u otro.
Refirió que lo más recomendable es que el partido que haya obtenido mayor cantidad de votos sea el que reciban más recursos, porque así se estaría estimulando a los partidos políticos cuando se esfuerza por tener un número de electores. Es decir, el número de electores debería ser proporcional al financiamiento que se va a dar.
Para este ejercicio, usó como ejemplo el caso de los Partidos Revolucionario Moderno (PRM) y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), los cuales van a recibir de la Junta Central Electoral el 80 % de los recursos destinados para la financiación de la pasada campaña, monto que se les dividirá en partes iguales, pese a que el PRM obtuvo más votos.
En la actividad donde la presidenta de ANJE, Susana Martínez Nadal, destacó la importancia de retomar en esta etapa pos electoral el tema del financiamiento de las organizaciones político- partidistas, Héctor Díaz puso como ejemplo algunos países en donde sí hay definidos los mecanismos para la distribución de los recursos.
Otra cosa que le resulta cuestionable en las leyes electorales es que el 8 % de los fondos se distribuya entre las organizaciones que tienen menos del 1 %, pese a que de acuerdo a la propia normativa, cuando una organización saque menos del 1 % no debe recibir recursos, sin embargo, si una entidad no obtuvo ese porcentaje, pero logró una representación popular en el más pequeño municipio del país, se mantiene el financiamiento a ese partido. “Lo mejor es si perdiste el registro, el Estado no tiene por qué financiarte”, apuntó.
Fiscalización
Otro de los aspectos en que hizo mucho énfasis el mexicano, es que se deben fortalecer los sistemas y mecanismos de fiscalización.
Explicó que en la actualidad, es imposible fiscalizar correctamente a los partidos en el manejo de los fondos, así como en otros aspectos prohibidos en las leyes, porque no tienen el personal suficiente para tales fines.
Señaló que las veces en que se han hecho reformas electorales, se han concentrado en poner en la ley un esquema muy rígido de control de las finanzas de los partidos políticos, sin embargo, hay que preguntar si existe en la Junta Central electoral el personal para la fiscalización de los partidos. La respuesta, desde su punto de vista, es no y esto porque según explicó, en la Junta Central Electoral, solo hay ocho personas asignadas para dar seguimiento a 27 partidos o agrupaciones políticas.
