Arrestados por corrupción en la Operación Medusa han intimidado desde las cárceles a varios de los más de cien testigos que presentará el Ministerio Público en el proceso, reveló esta noche el procurador adjunto Wilson Camacho.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) se refirió al tema al externar su confianza en la decisión de la jueza que conoce la prórroga solicitada por el Ministerio Público. “Incluso, está sustentada (la petición) en que varios de esos testigos en la medida en que los hemos ido interrogando han informado al Ministerio Público que han sido intimidados, algunos, incluso, llamados desde las cárceles para que no ofrezcan cooperación al Ministerio Público”, dijo.
Detalló que el Ministerio Público tiene bajo investigación a varios imputados por la intimidación a testigos, razón por la que se abstuvo de ofrecer mayores detalles a los periodistas que lo abordaron al salir de audiencia.
La jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, continuará conociendo el próximo martes 29 de marzo, a las 2:00 de la tarde, la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al imputado Jean Alain Rodríguez Sánchez, ex procurador general de la República, y a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, ambos imputados del Caso Medusa.
El tribunal también conoce la solicitud de prórroga del Ministerio Público para presentar la acusación formal contra los involucrados en el caso.
Camacho confió en que la jueza Ramírez de la Cruz mantendrá las medidas impuestas a los imputados porque los presupuestos se mantienen, con lo cual descartó que exista razón alguna para que un tribunal decida variarlas.
“Lo que resta al Ministerio Público en la próxima audiencia es una contrarréplica y nosotros utilizaremos el plazo razonable para hacerlo”, explicó Camacho a los periodistas.
Camacho participó en la audiencia junto a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, así como la procuradora de corte Mirna Ortiz y varios integrantes del cuerpo de fiscales que trabajan en el caso contra el exprocurador Rodríguez Sánchez y los demás integrantes de la red de corrupción administrativa enfrentada con la Operación Medusa.
En la audiencia del próximo martes el Ministerio Público dispondrá de 15 minutos para motivar un pedimento específico de uno de los miembros de la defensa.
El exprocurador es procesado junto a varios funcionarios de su gestión al frente del Ministerio Público en el período del 2016 al 2020.
El exprocurador Rodríguez Sánchez, Forteza Ibarra y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo del Ministerio Público cumplen cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que los ex subdirectores administrativos Alfredo Alexander Solano Augusto y Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.
El expediente del Caso Medusa señala que los encartados integraban una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
En el transcurso de las pesquisas el Ministerio Público obtuvo coerción en contra de todos los encartados, varios de los cuales con prisión preventiva y domiciliaria han fallado en múltiples ocasiones en que han intentado una variación de las medidas en diferentes tribunales del país, con el objetivo de obtener su libertad.
El órgano persecutor de la corrupción administrativa les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras normas.
