Por Margarita de la Rosa
Ante la frecuencia de accidentes de tránsito que cobran la vida de jóvenes y familias enteras, especialmente durante los fines de semana en las rutas hacia playas, ríos y balnearios, resulta impostergable que las autoridades adopten medidas preventivas verdaderamente eficaces.
Cada cierto tiempo escuchamos anunciar la aplicación de pruebas de alcoholemia a los conductores. Sin embargo, esos anuncios parecen quedarse en promesas, mientras nuestras carreteras continúan siendo escenarios de tragedias que, en muchos casos, pudieron evitarse.
En zonas como Bayaguana y sus comunidades rurales, donde proliferan las excursiones en motores, vehículos todoterreno y buggies, la situación merece especial atención. Estos últimos circulan en grupos numerosos por carreteras públicas, sin disponer de espacios adecuados para desarrollar esas actividades recreativas.
Lo más preocupante es que no hablamos de situaciones imaginarias. Personalmente he observado a conductores detenerse en establecimientos para comprar bebidas alcohólicas y continuar sus recorridos consumiéndolas, mientras realizan rebases peligrosos y conducen a velocidades excesivas. Todo esto ante una aparente indiferencia de quienes tienen la responsabilidad de vigilar nuestras vías.
Mientras tanto, resulta indignante que los agentes se concentren en detener indiscriminadamente a ciudadanos que circulan tranquilamente, exigiendo documentos y sometiéndolos a revisiones rutinarias, mientras otros conductores exhiben comportamientos evidentemente peligrosos sin que se observe una intervención oportuna.
No cuestiono la facultad de las autoridades para fiscalizar documentos y hacer cumplir la ley. Cuestiono que los controles no prioricen las conductas que representan un peligro inmediato para la vida.
También preocupa la posibilidad de que la corrupción permita a determinados infractores evadir las consecuencias de sus actuaciones. Las denuncias y sospechas de sobornos deben investigarse, porque la seguridad vial no puede quedar a merced de quien tenga dinero para evitar una sanción.
¿Por qué no establecer controles de alcoholemia permanentes, especialmente los fines de semana, durante las fiestas patronales y en las principales rutas hacia los centros recreativos? ¿Por qué no acompañarlos de vigilancia efectiva contra el exceso de velocidad, los rebases temerarios y el uso indebido de las carreteras por vehículos recreativos?
La prevención no puede limitarse a operativos anunciados ocasionalmente ni a retenes que incomodan a los ciudadanos sin atacar las principales conductas de riesgo.
La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), la Policía Nacional y las demás autoridades competentes tienen que pasar de los anuncios a las acciones.
No podemos seguir esperando que otra familia pierda a sus hijos, que otros jóvenes encuentren la muerte en una carretera o que personas inocentes paguen con sus vidas la irresponsabilidad de quienes conducen bajo los efectos del alcohol.
Las pruebas de alcoholemia, aplicadas con rigor, transparencia y sin privilegios, pueden salvar vidas. Lo que falta es voluntad para convertirlas en una práctica sostenida y no en otra promesa de ocasión.
