SANTO DOMINGO.– A diez días de que el Ministerio Público (MP) interpusiera un recurso de oposición a la jueza que tutela el caso de corrupción Calamar, Ana Lee Florimón, la Corte de Apelación del Distrito Nacional aún no revisa la recusación para determinar si la aparta o no del caso, sin conocerse el motivo de la espera.
Dicho recurso fue interpuesto el pasado 5 de febrero por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), un mes después de la celebración de la audiencia en la que se conoció la petición de prórroga hecha por el órgano acusador.
Se esperaba que el viernes 16 de este mes la jueza Florimón fallara sobre la prórroga de cuatro meses solicitada por los fiscales para completar el expediente en este caso, en el que el MP no ha presentado acusación formal a pesar de que el proceso inició hace más de tres años.
“Prórroga de facto” y “temeridad judicial”
Sobre la recusación, el equipo legal del ex ministro José Ramón Peralta expresó que “la única manera de calificar esa acción del Ministerio Público es de temeridad judicial, pues ninguna de las partes involucradas en un determinado proceso debe recusar a un juez cuando tiene una decisión en estado de fallo como en este caso”.
Por su parte, la abogada Laura Acosta, quien forma parte de la defensa del ex ministro Gonzalo Castillo, la calificó como una “chicanería” y una “barbaridad” ante un caso que se suponía “blindado”.
“Es una prórroga de facto, es el equivalente a un golpe de estado judicial (…) Como no tengo nada, tengo que recusar a la jueza para que me den más tiempo obligado. Esta investigación concluyó el 20 de noviembre y tenía más de tres años. Esto es inexplicable”, afirmó Acosta.
De acuerdo al fiscal Arolin Lemos, la decisión de la Pepca se debe a comportamientos de la jueza Florimón “que han sido entendido como parcializados, sobre el acceso a la carpeta fiscal de forma total”.
Una constante en el caso Calamar ha sido la negativa de los fiscales Wilson Camacho y Yeni Berenice a entregar la carpeta fiscal a las partes acusadas, incluso por encima de las órdenes de la procuradora Miriam Germán y de los tribunales que se han pronunciado con sentencias recientes. Ante esto, las defensas se han visto obligadas a recurrir a otras instancias para intentar obtener acceso a las supuestas pruebas recopiladas durante la investigación.
