MONTECRISTI.- El Ministerio Público continúa avanzando con la presentación de la acusación en el juicio que se sigue contra los miembros de la red de criminalidad organizada dedicada al tráfico ilícito de migrantes haitianos y desmantelada con la Operación Frontera.
Un amplio equipo conformado por fiscales de diferentes dependencias del Ministerio Público presentan la acusación ante el Primer Tribunal Colegiado de Montecristi contra Eddy Rafael Cordero Villanueva y Osiris Rafael Estévez Fortuna, identificados como cabecillas de esta red de tráfico de migrantes desde Haití.
El expediente involucra también a Elbio José Castillo Martínez, Hilario Antonio Gómez Paul, Santo Valerio Contreras, Anelby Susaña Guzmán, Jesús María Cerda Acosta, Anelsy Escarlex Cordero Núñez y María Rafaela Batista de Cordero, así como a los miembros del Ejército Dominicano, los segundos tenientes José Dolores Hernández Merejildo y Julio César Pujols Montero, los sargentos mayores Rafael Contreras y Rafael Zabala Peña y el cabo Sandro Liranzo Javier.
La titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), procuradora de corte Yoanna Bejarán, destacó que el Ministerio Público presenta un expediente fuerte sustentado con pruebas irrefutables que le permitirán demostrar la acusación contra los involucrados en este caso.
El expediente es presentado por los fiscales litigantes Aleika Almonte, de la PETT; Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; Jhensy Víctor, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y la titular de la Fiscalía de Montecristi, Grimaldi Oviedo.
El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Montecristi continuará con el conocimiento de la audiencia de juicio el próximo 16 de mayo.
Proceso
El órgano acusador indicó que el grupo criminal operaba en la frontera norte, especialmente en la provincia de Montecristi, desde donde trasladaba a cientos de migrantes haitianos e introducirlos a territorio dominicano.
Su cabecilla, residente en la zona, contaba con la complicidad de los miembros arrestados del Ejército Dominicano, quienes en el desempeño de sus funciones se encontraban habilitados para resguardar y proteger la frontera del país, sin embargo, permitieron el tráfico ilícito de cientos de nacionales haitianos hacia territorio de República Dominicana.
El Ministerio Público los acusa por el tipo penal de tráfico Ilícito de Migrantes, previsto y sancionado en los artículos 2 y 7 (literales b, c, d y e) de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
Los cabecillas y miembros de la red se dedicaban a financiar, facilitar y transportar a migrantes a través de motocicletas y autobuses en complicidad con los militares asignados para funciones en esa zona fronteriza del país, quienes facilitaban la entrada y salida irregular de indocumentados de nacionalidad haitiana, a cambio de obtener beneficios económicos.
En los 16 allanamientos realizados durante la Operación Frontera, el 19 de febrero de 2023, se encontraron 24 inmigrantes, entre ellos, hombres y mujeres embarazadas, así como niños, niñas y adolescentes, quienes permanecían en albergues clandestinos utilizados por la estructura criminal para luego ser trasportados por las diferentes rutas establecidas hacia diferentes provincias del país.
Entre las evidencias ocupadas por los fiscales a los arrestados que integran dicha estructura criminal, se destacan: documentos, vehículos, motocicletas, armas de fuego, municiones, cargadores para pistolas, dinero en efectivo de diferentes denominaciones (pesos, dólares y gourdes), celulares y computadoras, entre otros elementos de pruebas útiles y relevantes vinculados al tráfico ilícito de personas.
La desarticulación de la organización criminal fue posible por la ardua labor de inteligencia e investigación desarrollada en coordinación con los diferentes organismos bajo la dirección de la PETT y la Fiscalía de Montecristi, juntamente con la División Especial de Crímenes Transnacionales (Deidet). El apoyo en la ejecución de la operación del Departamento de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional y la ONG Anti Tráfic Beauro Anti-trafficking Bureau (ATB).
Operación Frontera
Fue el domingo 26 de febrero que el Ministerio Público realizó 16 allanamientos en donde encontraron 24 inmigrantes entre ellos, hombres mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, quienes permanecían en los centros de acopio clandestinos utilizados por la estructura criminal para luego ser trasportados por las diferentes rutas establecidas hacia diferentes provincias del país.
Los arrestados en la Operación Frontera, son: Eddy Rafael Cordero Villanueva y Osiris Rafael Estévez Fortuna, quienes han sido identificados como cabecillas de esta red tráfico de migrantes desde Haití.
Elbio José Castillo Martínez, Hilario Antonio Gómez Paul, Santo Valerio Contreras, Anelby Susaña Guzmán, Jesús María Cerda Acosta, Anelsy Escarlex Cordero Núñez y María Rafaela Batista de Cordero.
Así como también los miembros del Ejército Dominicano, los segundo teniente José Dolores Hernández Merejildo y Julio César Pujols Montero; los sargento mayor Rafael Contreras y Rafael Zabala Peña y el cabo Sandro Liranzo Javier.
De acuerdo al MP los 15 acusados de pertenecer a la supuesta red de tráfico de inmigrantes de haitianos desarticulada en la denominada Operación Frontera, se les ocupó documentos, vehículos, motocicletas, armas de fuego y municiones.
Además, indicó que también les incautaron cargadores para pistolas, dinero en efectivo de diferentes denominaciones (pesos, dólares y gourdes), celulares, computadoras, así como otros «elementos de pruebas útiles y relevantes vinculados al tráfico ilícito de personas».
De igual forma, el órgano acusador agregó que de acuerdo con la investigación realizada, los cabecillas y miembros de la red se dedicaban a financiar, facilitar y transportar a migrantes a través de motocicletas y autobuses en complicidad con militares asignados para funciones de vigilancia y control en esa zona fronteriza del país.
