Por Jaime Aristy Escuder
economista
Peor que un incremento del precio del petróleo es un escenario de escasez provocado por la destrucción de capacidad productiva.
El encarecimiento del crudo eleva los costos de bienes y servicios, alimenta la inflación y, en consecuencia, erosiona el poder adquisitivo de los hogares. Cuando, además, se deteriora la infraestructura de combustibles, el impacto se amplifica y resulta mucho más severo: la producción se paraliza, las cadenas de suministro se interrumpen y la economía se adentra en una fase recesiva.
Hasta ahora, la guerra en Medio Oriente solo ha generado un desequilibrio transitorio entre la oferta y la demanda de combustibles. El cierre del estrecho de Ormuz, ruta por la que circula cerca del 20% de la demanda mundial de crudo, ha empujado el precio del petróleo hacia el entorno de los 100 dólares por barril.
En respuesta al aumento de los precios, se han planteado varias medidas para aumentar la oferta. Entre ellas, destaca la liberación de 400 millones de barriles de las reservas estratégicas de los países del G-7. También se ha debatido la conveniencia de flexibilizar las sanciones impuestas a Rusia desde 2022. La primera iniciativa —equivalente a unos cuatro días de demanda global o a veinte del volumen que atraviesa a diario el estrecho de Ormuz— podría contribuir a estabilizar los precios si se anticipa una resolución rápida del conflicto. La segunda ofrece un alivio limitado: Rusia ha seguido vendiendo su crudo a China y a la India con importantes descuentos, mediante una flota de buques que opera fuera del radar regulatorio.
Aun cuando las hostilidades concluyeran pronto, la guerra en Medio Oriente podría dejar secuelas de mediano plazo en el mercado de combustibles. Tras el ataque estadounidense a la isla de Kharg —por donde Irán canaliza cerca del 90% de sus exportaciones de crudo— las autoridades iraníes han advertido que responderán contra instalaciones vinculadas a intereses petroleros de Estados Unidos en la región.
La proximidad de Irán a varios productores clave del Golfo —Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, entre otros— implica que cualquier escalada bélica regional incrementa el riesgo sobre infraestructuras energéticas cruciales para la oferta mundial.
En un escenario de desabastecimiento provocado por la destrucción de capacidad productiva, los países no solo pagarían más por cada barril de crudo, también competirían por asegurarlo, acumularían inventarios y reconfigurarían alianzas.
El shock de oferta deja de ser exclusivamente económico para adquirir dimensiones políticas, logísticas y militares. Esa combinación —escasez física acompañada de tensiones geoestratégicas— convierte el desabastecimiento en un riesgo mucho más inquietante que un simple aumento de precios.
La presión de la demanda y unos precios que podrían superar los 150 dólares por barril llevarían a muchas empresas a declarar fuerza mayor, cancelar contratos y asumir penalidades antes que cumplir compromisos de suministro pactados a precios más bajos. En ese contexto, los exportadores netos de combustibles —como Estados Unidos— aprovecharían la escasez y los precios elevados para obtener beneficios extraordinarios.
Los países más expuestos a una escasez de combustibles serían los asiáticos: China, India, Japón y Corea del Sur dependen en gran medida del petróleo procedente del Golfo Pérsico. Europa también importa crudo de esa región, aunque en menor proporción.
Esa vulnerabilidad llevó a Donald Trump a solicitar a China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido el envío de buques de guerra para contribuir a la reapertura del estrecho de Ormuz. Londres ya rechazó desplegar un portaaviones, mientras que los demás países no han ofrecido una respuesta pública a la petición.
Tal como se anticipó en el artículo «Fuerza Mayor», publicado en esta columna la semana pasada, el encarecimiento de los combustibles elevó en la República Dominicana el subsidio por encima de los mil millones de pesos.
El Ministerio de Industria y Comercio informó el viernes que el subsidio ascendió a 1,190 millones de pesos, pese a que las gasolinas y el gasoil aumentaron 5 pesos por galón. Se trata de un nivel que presiona las finanzas públicas, ya que el presupuesto del Gobierno no contempla recursos suficientes para sostener un subsidio de esa magnitud durante más de dos meses.
La historia dominicana presenta episodios en los que ha sido posible amortiguar el impacto del alza del precio del petróleo. En los años setenta, el fuerte incremento del precio del azúcar en los mercados internacionales evitó que el shock petrolero de 1973 derivara en una recesión.
Más tarde, durante las dos primeras décadas del siglo XXI, el país contó con el acuerdo de Petrocaribe, que permitió financiar entre 2005 y 2014 —a una tasa de un 1% y a 25 años— importaciones de combustibles provenientes de Venezuela por más de cuatro mil millones de dólares. En la situación actual, el aumento del precio del oro no basta para compensar el encarecimiento del crudo, ni existen condiciones regionales para establecer un mecanismo de financiamiento similar al que ofreció Petrocaribe.
Por otra parte, la economía dominicana ha registrado también episodios de escasez de combustibles. El aumento del precio del petróleo en el segundo semestre de 1990, combinado con controles de precios aplicados por el Gobierno, provocó un desabastecimiento en el mercado local. Ese episodio contribuyó a una caída del 5% del producto interno bruto (PIB) y a una inflación del 80% en ese año. La evidencia confirma que el impacto es tanflacionario de un shock petrolero es mucho más grave cuando los precios elevados coinciden con una menor disponibilidad de productos.
A la mayoría de países le conviene que la guerra concluya cuanto antes, en especial a los que están directamente involucrados. Todos los conflictos terminan en algún momento; la decisión racional y óptima es llegar a un acuerdo antes de que se destruya la capacidad productiva que abastece el 20% del crudo mundial.
Si esa infraestructura crítica queda fuera de servicio, el problema dejará de ser un alza de precios transitoria para convertirse en una dislocación del sistema energético global: un shock que paralizaría la producción, alteraría rutas comerciales, deterioraría las finanzas públicas y desestabilizaría economías enteras. Evitar que el conflicto cruce ese umbral es la única forma de impedir que una tensión regional desemboque en un auténtico apocalipsis petrolero.
