SANTO DOMINGO.- El presidente de la empresa Dekolor SRL, Rogelio Oruña, habría visitado al director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, en su oficina con la presunta intención de ofrecerle un millón de dólares para favorecerlos con el nuevo contrato de expedición de licencias de conducir, de acuerdo a la querella de la entidad estatal.
El pasado 25 de mayo, Oruña no solo habría prometido esa suma inicial, que al cambio actual asciende a 60,050,000 pesos, sino que supuestamente ofreció el pago mensual de tres millones de pesos durante el período de cinco años.
Estos señalamientos están contenidos en la querella penal con constitución en actor civil interpuesta por el Intrant y su titular, Milton Morrison, ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), contra la empresa Dekolor SRL, su presidente, Rogelio Oruña, y la gerente general, Sandra Oruña.
El documento, al que Diario Libre tuvo acceso, detalla que la compañía —a cargo del servicio de expedición y renovación de licencias de conducir desde 2005— alegadamente intentó ofrecer compensaciones económicas a Morrison en diversas ocasiones para mantenerse como proveedor del servicio.
«Rogelio Oruña se presentó nuevamente en la sede del Intrant sin previa cita, en un estado visiblemente alterado y desesperado. En ese encuentro, sostuvo un breve intercambio con el director ejecutivo Milton Morrison, en el que insistió con vehemencia: ´asóciate con nosotros, cambia los términos de referencia de la licitación´, y agregó: ´esa licitación no nos la gana nadie´», dice el documento.
Visitas
La presunta visita en la que Dekolor SRL, en la persona de Oruña, ofreció más de un millón de dólares a Morrison, no fue un hecho aislado, de acuerdo con la querella.
El 7 de enero de 2020 fue firmado el Contrato de Concesión del Servicio para la Instalación y Operación de un Sistema Integral de Emisión de Licencias de Conducir Vehículos de Motor entre el Intrant y la referida entidad, con una vigencia de cinco años.
A causa de la proximidad del término del contrato, Dekolor SRL se habría movilizado para no perder el favor de la adjudicación estatal.
En enero de 2025, la compañía habría enviado a dos emisarios distintos a ofrecer sobornos al director del Intrant con el objetivo de obtener una prórroga de dos años del contrato vencido.
La primera propuesta fue presentada, presuntamente, por Bolívar Batista Taveras, quien ofreció un pago inicial de 24 millones de pesos y un pago mensual de dos millones durante el período de la extensión.
Semanas después, Georges Virgilio Ortiz Reyna supuestamente elevó la oferta a 30 millones como pago inicial, manteniendo el mismo monto mensual durante dos años. Ambas propuestas fueron «rechazadas de manera categórica» por Morrison.
Según hace constar la querella, luego de enviar a dos emisarios con propuestas económicas, el propio Rogelio Oruña acudió personalmente al despacho de Morrison para reiterar la última oferta presentada.
En esta ocasión, el funcionario rechazó «tajantemente» la oferta y le explicó al empresario que el contrato no podía ser prorrogado sin violar la ley, pero que Dekolor estaba en total libertad de participar en el proceso de licitación pública que se convocaría en los próximos meses. Incluso señaló que, por haber sido el proveedor anterior, tenían condiciones técnicas para competir de manera legítima y transparente.
Cobros invertidos
Morrison asumió como director del Intrant en 2024 y, tras su llegada, la nueva administración encontró que al momento se le debían a Dekolor 500 millones de pesos. Las inquietudes técnicas, financieras y administrativas detectadas durante el proceso de transición institucional motivaron una revisión integral de los términos contractuales.
En ese proceso de investigación, Milton Morrison recibió una solicitud de reunión de Rogelio Oruña, quien expresó preocupación por pagos pendientes del Estado a favor de su empresa.
Durante ese encuentro, Oruña también hizo referencia a la empresa PagoRD Xchange SRL, contratista encargada de procesar los pagos realizados por ciudadanos a través de verifones, dentro del sistema operado por Dekolor.
Aunque ambas compañías aparecían como entidades distintas con contratos separados, la investigación determinó que estaban estrechamente ligadas operativa y comercialmente.
El esquema inicialmente establecido preveía que PagoRD Xchange retuviera un 10 % del valor de cada transacción como comisión por el servicio. Sin embargo, las autoridades identificaron una presunta alteración en la configuración del sistema que revirtió esa distribución: el Estado, a través del Intrant, terminó recibiendo solo el 10 %, mientras que la empresa privada retenía el 90 % del valor total de cada operación.
De acuerdo con el documento, este cambio generó una contingencia financiera estimada en 730 millones de pesos, monto que la nueva gestión consideró como un posible desvío sistemático de fondos públicos encubierto bajo un diseño contractual irregular.
Tras esta investigación, el Intrant decidió prescindir de los servicios de PagoRD Xchange SRL y llamar a una licitación para este servicio que inició el pasado 10 de abril. El proceso se encuentra en curso y tiene un presupuesto estimado en 8,175 millones de pesos a lo largo de cinco años.
Amenazas
De acuerdo con la querella, en abril de 2025, cuando ya estaba en marcha la licitación pública para contratar un nuevo proveedor del sistema de licencias de conducir, Rogelio Oruña sostuvo una reunión con el director del Intrant.
A diferencia de encuentros previos, supuestamente esta vez el empresario advirtió, en tono «abiertamente intimidatorio»: «Jochy te está preparando algo», en alusión a José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez), sugiriendo que se gestaba una acción en contra del funcionario.
Durante la conversación, Oruña habría mencionado que Jochy Gómez tenía conocimiento de cuentas bancarias de Morrison en Estados Unidos y de una propiedad en Florida que, según alegó, no había sido declarada, lo que Morrison interpretó como un intento de intimidación y represalia por su negativa a prorrogar el contrato con Dekolor.
Regalos navideños de alto nivel
El referido documento establece que, a finales de diciembre de 2024, la empresa Dekolor SRL envió regalos navideños a varios empleados del Intrant, entre los que se incluían cajas de vino y sobres con dinero en efectivo, dirigidos especialmente al personal de alto nivel en el área financiera.
El relato indica que se entregaron 200,000 pesos al director administrativo financiero, César Nicolás Bobadilla Peralta, y 150,000 al encargado financiero, Rolando Moronta Santos, mediante intermediarios vinculados directamente a Dekolor.
Ambos funcionarios informaron del hecho al director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, quien lo interpretó como un intento de influir en decisiones clave de la gestión financiera para favorecer la continuidad del contrato de la empresa con el Estado.
Ante esta situación, Morrison ordenó la devolución inmediata tanto del dinero como de los obsequios, los cuales fueron entregados a la gerente general de Dekolor, Sandra Oruña, quien presuntamente minimizó el incidente, afirmando que «eso no era pecaminoso».
Dekolor en el ojo del huracán
La empresa Dekolor ha estado ligada en varios contratos controversiales con el Estado. En el año 2005, Dekolor obtiene su primer contrato con el Estado para emitir nuevas licencias de conducir.
Ese proceso provocó críticas de otras empresas que participaron en la licitación, tanto nacionales como internacionales. Se recuerda que esta decisión hizo que la empresa De La Rue (de Reino Unido) pidiera al embajador de ese entonces, Andy Ashcroft, que elaborara una carta dirigida al gobierno dominicano para que le ofreciera explicaciones al respecto.
De acuerdo con la querella del Intrant, al contrato de 2020 se le hicieron tres adendas, sin que ninguna pasara por la aprobación del Consejo de la institución.
En el 2023, Dekolor volvió a las tendencias, cuando la Dirección de Contrataciones Públicas (DGCP) reveló que era fiadora solidaria de la empresa Transcore Latam, ganadora del anulado contrato de los semáforos inteligentes para el Gran Santo Domingo, cuyo caso de corrupción se debate en los tribunales.
La empresa también ha compartido vínculos societarios con Aquíles Jiménez, quien fue señalado como beneficiario de Transcore Latam.
Jiménez fue condenado a prisión y al pago de compensación por difamación hace dos años y en el pasado se le ligó al narcotraficante César Emilio Peralta, alias César el Abusador, y se le detuvo cuando intentaba viajar a los Estados Unidos en noviembre del 2020.
Tomado del vespertino Diario Libre
